Pese a la grave emergencia sanitaria, las polémicas políticas, económicas y judiciales están a la orden del día. Congresistas, FF.MM., ministros, gobernadores y alcaldes en la mira de los entes de control por distintos escándalos 

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La polémica no da tregua ni la justicia se puede tomar un respiro. En medio de la emergencia sanitaria por la epidemia del Covid-19 las controversias entre los dirigentes y los partidos están a la orden, al igual que las denuncias de presunta corrupción y la explosión de escándalos aquí y allá.

Pese a que la prioridad debería ser afrontar la que, sin duda, es la crisis más grave del país en los últimos años, los rifirrafes copan gran parte del escenario nacional.

Por ejemplo, los excandidatos presidenciales (y seguros aspirantes en 2022) Gustavo Petro y Sergio Fajardo se han trenzado en duras controversias en torno a si el segundo tiene o no cuotas burocráticas en la administración de la alcaldesa Claudia López. Una polémica en la que también ella ha quedado en el centro por cuenta de denuncias de presuntos contratos a familiares de su pareja, la senadora Angélica Lozano, señalamientos que ambas han rechazado.

A Petro, en el entretanto, no solo le anunciaron denuncias por las circunstancias de su viaje a Cuba para realizarse un procedimiento para descartar un cáncer, sino que no hay día en que no ‘batalle’ en su cuenta de twitter por las más diversas temáticas. Da y recibe ‘palo’ por sus críticas al gobierno Duque, sus constantes rifirrafes con el uribismo, así como por sus peleas diarias con los verdes y el peñalosismo…

Tampoco han sido tranquilos estos días en otros partidos. Por ejemplo, en el liberalismo hay una ‘rebelión’ de un sector contra la jefatura única del expresidente César Gaviria, en tanto que en La U persisten los debates entre el bloque afín al Gobierno y algunos parlamentarios rebeldes o inconformes con la última cirugía al gabinete.

De otro lado, en medio de las polémicas políticas alrededor de la crisis, no deja de llamar la atención que en el Congreso la controversia más recurrente en las últimas semanas no ha estado referida al control político del Estado de Emergencia y los 70 decretos dictados a su amparo, como tampoco a las peticiones para que los parlamentarios se bajen el sueldo o legislen en forma. La discusión más reiterada ha sido si las sesiones deben ser virtuales o formales, ello mientras en el resto del mundo muchos Legislativos trabajan duro en medio de la pandemia.

En la mira

Y hablando del Jefe de Estado, su administración también ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. No tanto por las críticas de distintos gremios productivos y dirigentes políticos advirtiendo presuntas falencias en el plan de contingencia sanitario, empresarial, laboral y de asistencia social a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena. De hecho, ya hay un ministro en pesquisas preliminares en torno a la destinación de unas líneas millonarias de crédito.

Esas polémicas, que no solo se están dando en Colombia, se pueden considerar naturales en medio de la emergencia. Pero hay otras que no. Por ejemplo, la Casa de Nariño ha tenido que salir a dar explicaciones por un contrato para la renovación de las camionetas blindadas para la escolta presidencial, sin duda un asunto poco oportuno cuando las prioridades de gasto son otras. A ello se suma otra controversia por la firma de un contrato para mejorar la imagen del Gobierno en las redes sociales y plataformas digitales, cuyos recursos salen de uno de los fondos para la paz que maneja el Ejecutivo.

Más allá de la legalidad del contrato como tal, la oposición ha considerado que hay una clara anomalía en el uso de estos dineros. Incluso, alrededor de este mismo tema el senador y expresidente Álvaro Uribe se trenzó en dura controversia  con el senador de La U, Roy Barreras, quien calificó el contrato de “mermelada” e incluso señaló que la agencia que se lo ganó es de un amigo personal del exmandatario. Uribe negó los señalamientos y anunció demandas penales contra el parlamentario.

Tampoco han sido las mejores semanas para las Fuerzas Militares. De un lado, varios contratos suscritos por unidades castrenses para la compra de tapabocas, gel antibacterial y otros elementos de bioseguridad para enfrentar la crisis sanitaria están bajo la lupa de los entes de control por presuntos sobrecostos y otras anomalías.

Igualmente, por irregularidades también en la contratación de emergencia para el suministro de mercados, kits sanitarios y otros elementos y servicios propios de la emergencia, la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría tienen en la mira a no menos de ocho gobernadores y un grupo aún mayor de alcaldes y particulares. Incluso hay un mandatario seccional ya suspendido así como varios burgomaestres, en tanto varios miles de contratos se están revisando línea por línea.

Pero volviendo con la Fuerza Pública, el de los contratos sospechosos es apenas uno de los problemas por estos días. Uno no menos grave es el relativo a un nuevo escándalo de espionaje ilegal a periodistas, dirigentes de la oposición e incluso hasta altos funcionarios de la Casa de Nariño por parte de unidades de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Tras una nueva denuncia de la revista Semana al respecto, el Ministerio de Defensa ordenó la salida de 11 altos oficiales, en tanto Procuraduría y Fiscalía abrieron sendas investigaciones al respecto. Incluso un excomandante del Ejército está citado a declarar.

La Policía tampoco se ha salvado. El propio director de la institución tiene un complejo escenario por las investigaciones alrededor de anomalías con un proyecto de viviendas fiscales en Tolima.

Y hablando de procesos en curso, la Procuraduría abrió uno al Mintic para verificar si en la licitación para escoger al administrador del dominio .co se procedió conforme a la ley…

Como se ve, si bien la sana lógica indicaría que el país debería estar cien por ciento concentrado en la atención de la emergencia, lo cierto es que una parte de la atención mediática y del accionar de los dirigentes de todos los sectores se va en polémicas, escándalos y procesos penales, disciplinarios y fiscales de la más diversa índole.