Los dos últimos gobiernos han insistido en la necesidad de regular este derecho previsto en la Constitución en favor de las minorías étnicas

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A pesar que desde el gobierno Santos se ha insistido en la necesidad de reglamentar la consulta previa con las minorías étnicas, en lo que coincide la administración Duque, para facilitar la realización de proyectos de desarrollo en el país, pinta gris el panorama para llevarlo a cabo.

Todavía no hay un proyecto de ley definido sobre la materia y el ambiente no es el mejor en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas por las tensiones que ha generado la espiral de violencia en las últimas semanas contra esta población en el Cauca.

Tampoco sería fácil para el Gobierno sacar adelante en el Congreso la reglamentación de la consulta previa, no solo por las posturas encontradas que genera entre los partidos de la coalición de gobierno y el bloque de oposición, sino básicamente porque la administración Duque no cuenta con las mayorías parlamentarias.

Por ello, por el momento, la Casa de Nariño le apuesta al fortalecimiento de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para agilizar desde el punto de vista de los trámites.

En este sentido la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció en días pasados que “es un fortalecimiento de la Dirección de Consulta Previa a efectos de tener personal más capacitado que pueda estar en el territorio conversando con las comunidades étnicas, llevando los proyectos y, sobre todo, siendo garantes de los derechos de las comunidades étnicas”.

Agregó que “en la medida en que tengamos una entidad que le pueda responder a las comunidades y al sector privado, pues se agilizarán los procesos, se harán más eficientes y habrá también un seguimiento a los compromisos que se adquieren con las comunidades”.

La Ministra anunció que este fortalecimiento se oficializará a través de un decreto. Se espera que el presidente Iván Duque lo firme antes de terminar este año y se implementen las acciones desde enero de 2020. Destacó que se hará un fortalecimiento administrativo, de estructura y no habrá modificaciones en los protocolos de las consultas previas. 

En mayo Duque dijo que “hemos tomado la decisión de avanzar en la legislación de la consulta previa. Se ha venido haciendo un trabajo con las distintas fuerzas políticas y, por supuesto, como lo obliga la propia naturaleza, requiere que se adelante consulta previa para la presentación de esta norma”.

Anotó que “eso nos dará a nosotros el camino para avanzar, en los próximos meses, y poder presentar al Congreso de la República -en el segundo semestre, a finales del segundo semestre- esta norma para que inicie la discusión en el Congreso”.

Sin embargo, esta manifestación del Jefe de Estado se quedó en apenas una intención porque, como se dijo, el proyecto  para reglamentar la consulta previa todavía no existe.

La iniciativa

El director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Luis Fernando Bastidas, indicó en septiembre pasado que un proyecto de ley que trabajaron el Gobierno y el sector privado se quedó atrasado frente al desarrollo de la jurisprudencia, especialmente la Sentencia SU 123 de la Corte Constitucional sobre derecho a la consulta previa.

Por ello explicó se hizo una revisión estructural de esa iniciativa y un análisis económico que permitiera identificar las circunstancias que estaban generando incentivos negativos y desentonando el espíritu y naturaleza real de la consulta previa.

En ese sentido Bastidas explicó que se determinaron fallas en materia de asesores así como en la indeterminación jurídica acerca del tiempo o el concepto amplio de territorio.

Añadió el funcionario en esa oportunidad que “hay otra serie de circunstancias que hemos evaluado y para las que hemos buscado solución, de modo que para la falla de mercado que se está observando en la asignación de los derechos para el acceso de bienes y recursos que aporta el sector privado a la economía nacional tenemos un texto muy maduro”.

No obstante el principal escollo que se tiene para llevar a consulta previa este proyecto de ley con las minorías étnicas son los recursos que demanda este proceso que podría tardar unos cuatro meses.

Bastidas explicó que “una dificultad de este trabajo radica en el valor del participativo, unos $18.000 millones, para lo que habrá que hacer apropiaciones presupuestales correspondientes y conocer qué aportes haría el sector privado”.

Este año la Corte Constitucional ha limitado o frenado más de una decena de proyectos de desarrollo debido a tutelas que ha escogido para su estudio por supuesto desconocimiento al derecho a la consulta previa.

Como fue el caso del cabildo indígena Kokonuko al cual el alto Tribunal protegió este derecho al ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca que antes de concederle el permiso de vertimiento a un centro turístico de aguas termales en Puracé, debía facilitar un espacio para que esta población tuviera la oportunidad de expresarse sobre esta iniciativa.

También a pesar de que la vía Circunvalar de la Prosperidad entre Barranquilla y Cartagena ya está muy avanzada, la Corte le dio la razón a la comunidad Mokaná, de Malambo (Atlántico), y ordenó la realización de la consulta previa porque determinó que la carretera impactaba sus cultivos y desplazamientos.