Para marzo quedó aplazado el proyecto de modernización de las TIC, luego de que anoche la ministra Sylvia Constaín así se lo pidiera a la plenaria del Senado.
Como ya lo había publicado EL NUEVO SIGLO, no había ambiente en Senado ni en Cámara para votarlo, a pesar de que el Gobierno no solo envió mensaje de urgencia para la iniciativa, sino que la incluyó en el decreto 2303 con el que convocó a sesiones extras.
Aun antes de que la ministra Constaín oficializara la determinación al respecto, la mesa directiva del Senado consideró que se iba a concentrar en aprobar la ley de financiamiento (reforma tributaria) y hoy conciliar los textos diferentes aprobados en las cámaras.
El primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), había confirmado en horas de la tarde que “hasta el momento el proyecto de la TIC se aplazará. Eso es lo que he escuchado en el consenso generalizado de los partidos”.
Así las cosas, el proyecto de ley número 202 de 2018 Cámara – 152 de 2018 Senado, “por el cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), y se dictan otras disposiciones”, quedará para que en marzo, cuando se reanude la primera legislatura del cuatrienio, se le hagan algunos ajustes.
El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, expresó que “creemos que al proyecto le hacen falta audiencias públicas. Creemos que es un proyecto de ley que no se puede votar en cinco minutos y la ley de financiamiento ocupará un gran tiempo. No hay tiempo para votar este proyecto de ley y estamos pidiendo aplazamiento para la legislatura que viene en marzo. Y vamos como partido a proponer audiencias públicas con los actores, con los inversionistas que van a llegar a este país”.
Para el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, la postergación del debate “está dentro del bolsillo de alguien, esperando algo, porque no hay un aplazamiento determinado que diga para tal día”.
El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, admitió las “solicitudes de aplazamiento”, pero anotó que es pertinente considerar “que hay recursos que se necesitan” y que el proyecto “le daría mayor valor al Estado para quienes quieran entrar a competir con esta ley durante este año”.
Aplazar
Como publicó ayer este Diario, la bancada conservadora propuso aplazar la discusión del proyecto “con el fin de que se enriquezca el debate y sean escuchados distintos sectores que han mostrado preocupación con este proyecto”.
Los congresistas del Partido Conservador pusieron de presente que comparten “el cambio en las reglas de juego ad portas de que se cumpla el plazo para el pago de las nuevas concesiones de los canales privados de televisión” y consideraron que “es necesario que en la discusión de este proyecto se establezcan condiciones que eviten la posición dominante en el mercado de algunas empresas de telecomunicaciones”.
En todo caso, el representante por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, precisó que “aún estamos trabajando para poder tramitarla. Creo en la necesidad de sacarla ahora. Es una iniciativa que trae muchos beneficios para lograr conectar a 20 millones de colombianos que no tienen Internet. Es básica para avanzar en proceso de conectividad”.
¿Inconstitucional?
Pero la oposición no pedía aplazar el proyecto, sino hundirlo. La representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, explicó que la bancada alternativa del Congreso (también integrada por el partido Farc, el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS) considera que la iniciativa del Gobierno es inconstitucional, ya que omitió en su trámite el derecho fundamental a la consulta previa, vital para garantizar la participación de las poblaciones afro e indígenas que se verán afectadas en sus territorios, cultura e identidad.
"Creemos en la importancia de modernizar el sector, pero advertimos, sin ser escuchados, que hizo falta discusión y apertura de la iniciativa. En el caso de los grupos étnicos, indígenas y afro la consulta previa era obligatoria en tanto que las normas introducidas relacionadas con infraestructura, contenidos y financiamiento de la televisión pública, educativa y cultural afectan directamente a los pueblos indígenas, sus territorios y culturas", aseguró Pizarro.
La congresista dijo que la omisión del derecho a la consulta previa no puede constituirse en una simple formalidad, sino que exige concertación profunda sobre el contenido de la iniciativa e incidencia real en la formulación de la política pública que ha debido ser anterior a la redacción del proyecto.
El senador Antanas Mockus, de la Alianza Verde, indicó que “de momento todavía estoy consultando a la bancada. La idea es que es una propuesta tan importante que debe ser socializada. Se trata de comprender la propuesta”.
Ajustes
Entre los independientes, como ya lo señaló el senador liberal Gómez, se considera que se requiere ajustar el proyecto, tema en el que coincide Rodrigo Lara, de Cambio Radical.
Lara manifestó que él está de acuerdo con que se hagan ajustes serios. “Recuerde que de ese proyecto de las TIC depende la tecnología 5G. En Chile ya están con esa tecnología. Esta es una transformación muy profunda porque depende todo el desarrollo y aplicaciones de tecnología virtual”, expresó.
Si no se avanza, aunque con ajustes, advirtió Lara, “se va a perder otro año más. En total, de esto harán dos años y medio en la implementación de esta tecnología, con respecto a otros países, y en materia tecnológica son siete en otros sectores”.
El senador Germán Varón, copartidario de Lara, añadió que “no lo hemos mirado, pero en principio lo que proponemos es aplazarlo”.