EL PASADO domingo el papa Francisco y ayer la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos coincidieron en rechazar los crímenes de líderes sociales en el país, específicamente se refirieron a los casos de Nallely Sepúlveda y el niño Edison David Higuita, de 14 años, en la comunidad de paz de San José de Apartadó y Yirleana Lorena Moreno Cuesta en Quibdó, Chocó.
Estos casos son los más recientes eslabones de una larga cadena de crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país que se ha recrudecido en los últimos años en las regiones, especialmente donde operan los grupos multicrimen y los especializados en el narcotráfico.
El pasado Domingo de Ramos el Obispo de Roma al tiempo que expresó su dolor por el atentado en Rusia, recordó a los dos trabajadores por la paz asesinados en la comunidad de San José de Apartadó.
El pensamiento del Papa se dirigió a la comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde fueron asesinados una mujer y un niño, esposa y hermano de uno de los líderes de la comunidad que, recordó Francisco, “en 2018 fue premiada como ejemplo de compromiso con la economía solidaria, la paz y los derechos humanos”.
“Expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartadó, en Colombia. Hace pocos días fueron asesinados una joven y un niño”, dijo el Pontífice.
La mujer y el menor de edad fueron asesinados en una vivienda ubicada en esta comunidad de paz, poco después de que el presidente Gustavo Petro hiciera presencia en un acto de gobierno en el municipio de Apartadó y se reuniera con miembros de la comunidad en una asamblea popular.
“A nuestro regreso asesinaron a dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país”, dijo el jefe de Estado.
A su turno ayer, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, a cargo de Juliette De Rivero, dijo que “condenamos y lamentamos el homicidio de la defensora de derechos humanos y lideresa Yirleana Lorena Moreno Cuesta, de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó, Chocó”.
Agregó la Oficina que “llamamos a las autoridades a esclarecer este homicidio y a realizar una investigación diligente y garantizar la protección de la familia de Yurleana, de su organización y de los jóvenes de su comunidad”.
Cifras
La Defensoría del Pueblo en un informe que dio a conocer en enero pasado reveló un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades, puesto que durante el 2023 fueron asesinados un total de 181 líderes y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional. Del total, 160 eran hombres y 21, mujeres.
Añadió que entre el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, y el 2023 fueron asesinados 1.294 líderes sociales en el país.
“Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país”, asegura el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Aunque el informe de la Defensoría deja en evidencia la realidad que padecieron el año pasado quienes se dedican a preservar los derechos de las comunidades, particularmente en las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, hubo una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; dicho de otra manera, fueron asesinadas 34 personas menos en el 2023.
Indepaz dio a conocer que con el crimen de Yirleana Lorena Moreno son “35 líderes asesinados en 2024”.