Crecen las voces que piden acabar, fusionar o disminuir entidades para redirigir recursos a enfrentar el coletazo de la pandemia. Incluso se propondría convocar una Misión con ese objetivo. No es un tema fácil y requiere mucha voluntad política

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A medida que el país empieza a pensar en la fuente de recursos del plan de contingencia para enfrentar a corto, mediano y largo plazos el efecto de la pandemia del coronavirus, se ponen sobre la mesa distintas propuestas para conseguir los 60 billones de pesos que, según cálculos iniciales, se requerirían.

Las alternativas son múltiples, tanto las proyectadas por el Ejecutivo como las que desde el Congreso, la banca multilateral, las calificadoras de riesgo y los centros de análisis e investigación económica se plantean. Acudir a empréstitos de la banca multilateral (ya se habilitaron líneas con el Fondo Monetario Internacional por más de 12 mil millones de dólares), que el Banco de la República preste recursos por distintas vías al Gobierno Nacional Central (GNC), una nueva reforma tributaria, la venta de activos oficiales e incluso la misma posibilidad de hacer una emisión extraordinaria de dinero…

Sin embargo, en el Congreso en los últimos días ha empezado a tomar eco una opción más: disminuir el tamaño del Estado como una fórmula para reducir la destinación presupuestal a los gastos de funcionamiento del GNC y redirigir esos recursos a inversión social, a tapar el creciente hueco fiscal y la financiación del plan de reactivación económica. Los datos son contundentes: en el Presupuesto General para 2020 los gastos de funcionamiento son de 170 billones sobre un total de 271 billones de pesos.

Hasta ahora, salvo algunos pronunciamientos individuales de senadores y Representantes a la Cámara, no hay una propuesta concreta e integral en ese sentido. Dado que se trata de medidas permanentes es evidente que un ‘tijeretazo’ al tamaño del Estado debe tramitarse por vía de un proyecto de ley y no por decreto al amparo de los dos Estados de Emergencia Económica hasta ahora declarados para enfrentar la crisis sanitaria.

De hecho, en materia de recorte al gasto público de funcionamiento, en el decreto que sacó el Gobierno sobre cómo se ‘apretará el cinturón’ en medio de esta emergencia, la posibilidad de liquidar, fusionar o disminuir entidades no quedó explícita como tal.

En dicho decreto, como en su momento lo publicó EL NUEVO SIGLO, se plantea que las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de la entidad. También se limita la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente se deben racionalizar las horas extras de todo el personal que tiene derecho a percibirlas, ajustándolas a las estrictamente necesarias. En ese orden de ideas, por regla general las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.

En esa norma también se determinó que el mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades solo procederá cuando, de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad o se afecten las condiciones de salud ocupacional. No se podrán adquirir bienes sin previa autorización. Igualmente todos los viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios deben realizarse en clase económica y no se reconocerán gastos de traslado. Se limitarán los viáticos y comisiones así como el  desplazamiento de funcionarios y la compra de vehículos oficiales. Se ahorrará en publicidad, papelería, telefonía, eventos, regalos, condecoraciones…

A ello se suma, el recorte salarial a los sueldos de los más altos funcionarios, con descuentos de entre 10 y 15%.

¿Qué recortar?

Las propuestas son muchas. Por ejemplo, el Centro Democrático y otros partidos insisten en que podría comenzarse por una reducción del Congreso, pasando de casi 280 parlamentarios a no más de 157 en ambas cámaras. De igual manera, se insiste también en tramitar otro proyecto para rebajar el salario de los senadores y Representantes, una iniciativa que muchas veces se ha hundido en el Parlamento.

Sin embargo, hay propuestas que sí tocan la estructura estatal como tal. Por ejemplo, para varios senadores es hora de replantear la cantidad de agencias administrativas especiales que existe en el país, bajo la tesis de que esta figura administrativa, que comenzó como una excepción, se tornó en los últimos años como la regla general de administración en la cosa pública. La lista es larga: Agencia Nacional de Minería,  Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, Unidad Administrativa Especial Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Agencia Nacional de Infraestructura,  Agencia Nacional del Espectro (ANE), Agencia Nacional de Tierras…

De igual manera hay quienes sostienen que tendría que revisarse si el país necesita en verdad 18 carteras ministeriales. No hay que olvidar que en el último año han entrado dos en funcionamiento: la de Deporte y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asimismo, se escuchan voces que proponen que se analice si entre la cantidad de ministerios y agencias no se podría abrir paso la posibilidad de liquidar, fusionar o disminuir algunos departamentos administrativos, superintendencias e institutos descentralizados.

¿Misión?

“Le voy a proponer a mi partido que de manera oficial planteemos al Presidente de la República que se cite a una Misión de Expertos que analice y proyecte un informe de fondo sobre el tamaño del Estado colombiano, las entidades en donde hay duplicidad de funciones, los servicios que se podrían derivar o concesionar a terceros e, incluso, si es necesario mantener una planta de personal supernumerario o provisional como el que tienen las entidades públicas de manera permanente”, precisó a EL NUEVO SIGLO un parlamentario que pidió la reserva de su nombre hasta tanto no oficialice la idea ante su bancada.

De acuerdo con la misma fuente, en Colombia “… la tendencia es a aumentar el tamaño y el ámbito de cobertura directa del Estado, en dirección contraria a lo que ocurre en otras partes del mundo en donde el modelo de administración de la cosa pública es cada vez más especializado y regulatorio, más que de operación directa”.

De hecho, el tamaño del Estado en Colombia es un tema que se analizó a fondo en el proceso de entrada del país a la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que considera, dentro de los protocolos para los países con buenas políticas de gobierno, que el aparato estatal debe ser lo más pequeño y compacto posible.

Sin embargo, más allá del debate sobre los mejores modelos de administración pública en el mundo, es claro que plantear la posibilidad de disminuir el tamaño del Estado pasa, primero y principalmente, por la voluntad política del Gobierno y su bancada mayoritaria en el Congreso. Y en ese campo, por ahora, no hay nada en concreto, al menos en cuanto a qué entidades puntualmente podrían desaparecer, fusionarse o disminuirse de forma sustancial.