Un nuevo brote de protesta social se desencadenó el 28 de abril, en jornadas que siguen convulsionando a la Nación, pero cuyas consecuencias, de una manera o de otra, se verán en los próximos meses.
Uso excesivo de la fuerza y vandalismo
Resulta evidente que no es posible equiparar el accionar de la delincuencia con el exceso que puede llegar a darse en el uso de la fuerza represiva del Estado, ya que esta última es ejercida por servidores públicos que desbordan sus competencias y dejan de lado los protocolos inherentes a su oficio.
Pero cuando en medio de la confrontación política se mira uno solo de los lados, se evade una realidad que debería ser un mantra ciudadano: toda vida es sagrada, tanto la del uniformado, como la del vándalo, aunque parte de la polémica es que la respuesta contundente suele recaer sobre los manifestantes y no sobre los delincuentes.
El caso es que la Procuraduría documentó más de 30 procesos disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos.
Ataques a la Fuerza Pública
Claramente hay una diferencia entre los choques que pueden ocurrir entre manifestantes y policías durante una protesta, pero está volviéndose costumbre que se usen como pretexto las refriegas para agredir a los uniformados sin que medie ninguna circunstancia distinta a la de hacerles el mayor daño posible.
En esta ocasión, quizás el hecho más significativo fue el ocurrido durante la noche del martes, cuando de los ataques a 25 centros de atención inmediata (CAI) de la Policía en Bogotá, 19 resultaron vandalizados, tres destruidos y tres incinerados. Uno de estos últimos fue el CAI de La Aurora, en la localidad de Usme, donde 10 uniformados que estaban allí fueron agredidos a piedra, por lo que optaron por cerrar la puerta, ante lo cual los agresores procedieron a prenderle fuego, con lo que los servidores tuvieron que escoger entre morir quemados y salir para ser golpeados sin misericordia.
Cifras de muertos y heridos
Aunque la Defensoría del Pueblo había reportado 24 homicidios durante estas jornadas, la Fiscalía decantó esa cifra, precisando que solo 11 fueron confirmados como relacionados con las protestas, aunque el guarismo puede aumentar porque hay siete en proceso de verificación. De los 11 comprobados, tres tienen como presunto autor material a miembros de la Policía Nacional.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dio cuenta de 579 policías lesionados: "464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, tres con arma de fuego y 15 por artefactos explosivos o acción incendiaria, de ellos 25 continúan hospitalizados".
Y la ONG Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas señaló que el número de civiles heridos es de 451, lesiones que atribuyó a la Policía, de las cuales 32 son lesiones oculares y otras 32 fueron ocasionadas por armas de fuego.
Monto de las pérdidas
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en los días de paro y vandalismo se han registrado pérdidas por más de $880.000 millones en el comercio nacional.
Además, el efecto de los bloqueos viales está generando desabastecimiento de productos básicos, con el consiguiente incremento de precios.
La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) calculó que son 120 millones de huevos y 16.000 toneladas de pollo las que no están llegando a los centros de distribución, así como 48.000 toneladas de alimentos para las aves que no pueden llegar a las granjas avícolas; la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) reveló que están en riesgo cuatro millones de litros diarios de leche; y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) estimó pérdidas por $93.716 millones.
Víctimas que se vuelven símbolos
El rostro de Lucas Villa se convirtió en la imagen de las protestas, luego de ser baleado el miércoles cuando participaba en una concentración en el Viaducto de Pereira, siendo impactado por ocho proyectiles, que lo tenían al cierre de esta edición en estado crítico.
Otro caso que simboliza la tragedia en que ha derivado la situación es el del capitán Jesús Alberto Solano, quien falleció hace ocho días, tras permanecer en cuidados intensivos desde el 28 de abril, cuando fue apuñalado en Soacha, Cundinamarca, donde intentó, de acuerdo con la versión oficial, evitar un hurto a un establecimiento comercial en el sector de San Mateo.
Desaparecidos
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) facilitó un espacio para que 26 organizaciones de derechos humanos le entregaran a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía el reporte de 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo.
De acuerdo con este informe, ya han sido ubicadas 92 personas, sin embargo, se desconoce el paradero de 379.
La cifra es muy superior a la manejada por la Defensoría, que es de 89 desaparecidos, de los cuales, según informó la Dijín de la Policía, han sido hallados 47.
Desde 2019
Rasgo destacable es que el Comité Nacional de Paro (integrado por las centrales obreras y organizaciones sociales) es el mismo que se conformó para las protestas que estallaron en noviembre de 2019 y lo propio ocurre en esencia con el pliego, de manera que se puede decir que se trata de la continuación del malestar que movilizó a una parte de la población, agravado, como nadie lo duda, por los efectos de la pandemia que incrementó la pobreza.
Precisamente el jueves, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en 2020 la proporción de la población catalogada como pobre aumentó, mientras que la clase media se contrajo, de 14,7 millones de personas en 2019 a 12,5 millones en 2020, lo que implica que 2,5 millones de colombianos salieron de esta categoría, por un deterioro en sus ingresos.
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Diálogo y negociación
Como en aquella ocasión se prevé un pulso entre el interés del Gobierno por dialogar con los distintos sectores sociales y políticos, y el que el Comité Nacional de Paro tiene por negociar el pliego, ahora llamado de emergencia.
Como detalle paradójico está que el empobrecimiento de la población y en general la contracción económica obligó a la puesta en marcha de una serie de programas para atender a las personas más vulnerables y a las micro, pequeñas y medianas empresas, medidas que requieren ser financiadas; la chispa para las protestas fue el proyecto de ley que pretendía recoger esos recursos, pero que no fue consensuado con anticipación, por lo que no solo no hay una propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad de ese gasto social, sino que como consecuencia la situación está empeorando rápidamente, empobreciendo todavía más a la gente.
Protestas locales
Un aspecto particular de estas jornadas es que, junto con los puntos del pliego nacional, en varios puntos del país la ciudadanía salió a protestar por asuntos más locales, entre los cuales hay que contar varios peajes rechazados por las comunidades en Sucre, Cundinamarca, Bolívar, Huila, Antioquia, Santander y Valle del Cauca, entre otras regiones.
Estatuas derribadas
Una novedad en las actividades de calle de este año es la protagonizada por indígenas de la comunidad misak (los coloquialmente llamados guambianos) que abrieron el paro derribando en Cali la estatua de Sebastián de Belalcázar y este fin de semana hicieron lo mismo en Bogotá con la de Gonzalo Jiménez de Quezada.