Varios asuntos, entre ellos el correcto funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE) y la atención de la complicada situación del sector salud en cada una de las regiones, están en la agenda de los mandatarios

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Una serie de retos tienen por delante los gobernadores y alcaldes que se posesionan este 1 de enero, quienes además del deber de cumplir el programa de gobierno con el cual, entre otros, lograron seducir a los votantes, deberán en lo posible satisfacer otras aspiraciones de una ciudadanía que exige más y participa, como se vio en las calles en el paro nacional y otras protestas hace algunas semanas.

Contratar de mejor manera que sus antecesores el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una de las primeras tareas que tendrán los nuevos mandatarios este año. Esta iniciativa en su mayor parte es financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación y las regalías, beneficiando a más de 7 millones de niños y adolescentes de colegios públicos.

No obstante, el programa en varias regiones del país ha sido blanco de verdaderos carteles de la contratación, que no solamente hacen todo tipo de maniobras para quedarse con los mismos sino que en algunos casos disminuyen las raciones de las comidas a los estudiantes que establece el Ministerio de Educación y entregan productos de baja calidad o en descomposición.

Hace algunos meses el contralor Carlos Felipe Córdoba, dijo que "tenemos procesos por 83 mil millones de pesos y casos en todos los departamentos. Yo creo que el tema del PAE merece toda una reingeniería, para que se haga de una manera diferente”.

En septiembre de 2018 una de las primeras medidas del gobierno Duque fue para el fortalecimiento y renovación del PAE. Entre otros se adoptó en capitales y en departamentos estandarizar los tipos de alimentos y los servicios de ensamble y distribución;  y en los demás casos pliegos tipo para evitar el direccionamiento de estos procesos de contratación.

También entre las medidas del Gobierno está la creación de la Agencia de Alimentación Escolar, con el propósito de fortalecer los esquemas de financiación del PAE, ampliar su cobertura, promover la transparencia y la capacidad de respuesta a la diversidad territorial.

A pesar de todo ello al final la contratación del PAE está en manos de los alcaldes, quienes tienen el reto de adelantar  procesos de licitación adecuados y escoger a los  mejores oferentes.

Regalías

El año pasado el Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Regalías que incrementó la participación de municipios y departamentos productores de hidrocarburos y de otros productos de la industria extractiva.

Dentro de los principales puntos aprobados está un 20% de los recursos para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos.

Además 15% para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población, al igual que 34% para los proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo, priorizando proyectos de alto impacto regional.

En consecuencia será un reto grande para gobernadores y alcaldes dar un uso transparente a estos billonarios recursos y, especialmente, dirigirlos a proyectos que realmente necesiten sus comunidades.

La experiencia con  el manejo de las regalías en el país  no ha sido la mejor porque los recursos han sido presa de la corrupción y en otros casos dirigidos a obras inoficiosas que han terminado en ‘elefantes blancos’.

Corrupción

La lucha contra la corrupción fue una de las principales banderas de campaña en las elecciones del pasado mes de octubre, ahora los nuevos gobernadores y alcaldes tienen la oportunidad de pasar del dicho al hecho manejando con pulcritud los recursos públicos que les encomiendan, no burocratizar el cargo y no pagar con la contratación favores políticos.

Recientemente Transparencia por Colombia encontró que la tercera parte de los financiadores (empresas y personas naturales) de las campañas territoriales de 2015, celebraron contratos con el Estado después de haber entregado sus aportes.

A nivel territorial, los contratos fueron adjudicados en su mayoría a través de contratación directa (80%) seguida por contratos celebrados bajo la figura de régimen especial (11%) y licitación (6%).

Salud

Los nuevos gobernadores y alcaldes reciben un sistema de salud desde hace décadas en crisis en materia financiera, con una  cobertura deficiente de hospitales y puestos de atención. No obstante hay algunos hechos positivos para el sector  como el acuerdo de Punto Final que incluyó el presidente  Duque en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que está en plena ejecución, por medio del  cual se  promueve el pago de deudas acumuladas del Gobierno y los departamentos con la EPS.

En el régimen contributivo la posible deuda asciende a $5,2 billones, asociada a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC (Unidad de Pago por Capitación); en tanto que en el régimen subsidiado  el saneamiento implicará pagos por aproximadamente $1,5 billones.

Está el reto, entonces, para los 32 gobernadores de ponerse al día con las deudas de sus departamentos con el sistema de salud, además de garantizar el funcionamiento y mejoría de la red pública de su competencia.

Llamado del Procurador

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pidió a los nuevos gobernadores y alcaldes velar por la garantía de los derechos de los niños,  la correcta operación del PAE, la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), garantizar la prestación y los recursos de la salud, la protección de líderes sociales, el cumplimiento de los compromisos de la paz y la protección del medio ambiente.

“Pongan la lupa en el PAE, los POT, la prestación digna de la salud, la protección de líderes sociales, el medio ambiente y las CAR, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que han sido las grandes ausencias en el diseño de la política pública territorial”, dijo Carrillo.

El Jefe del Ministerio Público también dijo que deben tener como prioridad en las agendas a partir del 1 de enero de 2020 la protección de la mujer y la eliminación de las violencias basadas en género, así como la defensa de la familia, del adulto mayor y de las personas en condición de discapacidad.