Mucho se pregunta la opinión pública qué tanto les importan los chicos a los legisladores. Como parte de la respuesta, de las iniciativas que actualmente están en estudio, pocas tienen posibilidad de convertirse en leyes

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Los derechos de los niños han sido un tema frecuente de discusión en el Congreso. Como en legislaturas anteriores, recientemente son varios los parlamentarios que han presentado proyectos sobre distintos temas, que van desde aumentar las penas para los violadores hasta reducir el impacto del castigo físico.

Esta semana, dos de esas iniciativas han sido noticia porque una de ellas está prácticamente hundida y la otra está en peligro que correr la misma suerte.

La primera es el acto legislativo que pretendía desvincular los delitos sexuales del delito político para futuros acuerdos de paz. En la noche del martes, la plenaria del Senado no aprobó la iniciativa y la dejó en grave riesgo de morir por tiempos, pues le hacen falta dos debates a menos de un mes de que se suspendan las sesiones ordinarias del Congreso.

La otra reforma constitucional que está en riesgo es la que establece la cadena perpetua para violadores de menores. Dicha iniciativa aún no tiene ponencia radicada y su única oportunidad es que sea discutida y aprobada la próxima semana en la Comisión Primera del Senado. Dado que hay posiciones muy polarizadas, se prevé que el debate se prolongará durante varias sesiones, lo que dejaría al proyecto con muy poco tiempo para llegar a la plenaria y ser abordado antes del 16 de diciembre.

Sobre la ponencia, la senadora conservadora Myriam Paredes le dijo a EL NUEVO SIGLO que “ya recibimos el texto. Lo que pasa es que no la hemos evacuado todavía, porque tenemos otros proyectos retrasados. Esta semana vamos a proponer la reunión de los ponentes. Yo soy la coordinadora y creo que de aquí al jueves tendremos lista la ponencia para radicarla. Yo no puedo calcular si tiene el tiempo para ser aprobada, pero yo creo que esta semana la estamos evaluando en la Comisión y esperamos que llegue a la plenaria una iniciativa tan importante con la que yo estoy muy comprometida”.

A su turno, la representante por Tolima, Adriana Matiz, también del Partido Conservador, explicó que esta iniciativa pretende modificar el artículo 34 de la Constitución para permitir que cuando se cometan los delitos de secuestro, tortura, homicidio doloso o acceso carnal con menor de 14 años se imponga la cadena perpetua.

“La modificación se hace porque nosotros queremos incluir este tipo de pena dando cumplimiento al artículo 40, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre el del resto de la sociedad. Las cifras en contra de nuestros niños están en aumento y tenemos que ponerle freno a este fenómeno. Por ejemplo: en 2018 ocurrieron 24.500 casos en contra de menores de edad. Según Medicina Legal, los niños entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896 casos. Los casos de niños entre cinco y nueve años fueron 6.015. Y 2.835 menores entre 15 y 17 años fueron víctimas. Además, que el número de niños abusados entre los cero y cuatro años fue 2.767. Todo esto en el marco de que en la vivienda familiar es donde se cometen más estos crímenes. Cada 22 minutos se registra abuso sexual en este contexto”.

Otros proyectos

Pese a que las dos iniciativas antes mencionadas son las que más atención han tenido por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, hay en discusión otros proyectos de ley cuyo propósito es salvaguardar y proteger la integridad de los menores.

En Senado, por ejemplo, está a punto de ser discutido en tercer debate el proyecto de ley que garantiza “los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los niños y niñas en el territorio nacional mediante la reglamentación y regulación del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional”.

La iniciativa además contempla sanciones para quien sin cumplir los requisitos de ley manipule o venda esos artículos “con medida correctiva de carácter pecuniario entre 500 y mil salarios mínimos legales vigentes (SMLV)”. Con el agravante que si se afectan terceros o bienes públicos o privados “incurrirá en sanción adicional pecuniaria entre 200 a 500 SMLV”.

En Senado también fue radicada una iniciativa que busca crear la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes que tendría por objeto vigilar, “proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, a través del control político y la promoción, y prevención de los mismos”. Sin embargo, dicho proyecto no ha tenido ni siquiera su primer debate.

Para segundo debate, en Senado también aparece un proyecto de ley que busca dictar las “condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes”, esta iniciativa cuenta con cuatro artículos, en los cuales se le ordena al Ministerio de Educación actualizar los estándares básicos de competencias ciudadanas y “brindar asistencia técnica lo cual permita garantizar la exitosa implementación”.

La Cámara también tiene trabajo en ese sentido. La bancada de Cambio Radical radicó un proyecto de acto legislativo que busca garantizar la educación no solo para los niños entre cinco y 15 años, sino para todos los menores de 18. El proyecto no ha sido discutido hasta ahora en el Legislativo y ya habría muerto por tiempos.

En Cámara también cursa la iniciativa “por medio de la cual se establecen medidas en favor de la protección de la integridad, libertad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes”, que ya tiene su primer debate. En otras palabras, el proyecto tiene como objetivo otorgarle herramientas transitorias a las entidades públicas y privadas “para separar del contacto directo y habitual con menores de edad a personas que estén siendo investigadas disciplinaria y/o penalmente por conductas que atenten contra ese bien jurídico mientras se resuelve su situación jurídica”.

Además, cursan otras iniciativas. La que fortalece la escuela de padres para la prevención de la violencia sexual; aquella que prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra los niños, niñas y adolescentes; otro proyecto prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes; y por último está la iniciativa que crea el sistema nacional de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. Ninguno de estos debates ha llegado a tener primer debate.