Como “imprudente”, “temeraria” y un intento para evitar que el Senado de la República hunda la reforma a salud presentada por el gobierno Petro calificó el Centro Democrático las denuncias que sobre la presunta financiación extranjera que recibieron varios partidos colombianos, como denunció el senador Wilson Arias.

En un comunicado, el Centro Democrático explicó que Keralty, dueña de la EPS Sanitas, “es una   multinacional con operaciones en Colombia desde 1980 y tiene varias líneas de negocio que opera a través de diferentes sociedades”.

Agrega que la mencionada empresa es una persona jurídica (sociedad) colombiana, ya que está debidamente constituida en Colombia, de conformidad con la ley colombiana, paga impuestos y está domiciliada en Bogotá, como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En cuanto a la prohibición que menciona el senador Arias, relativa a la financiación de partidos políticos por parte de las EPS, como está contemplada en el numeral 7 del artículo 27 de la ley 1475, que hace referencia a quienes administren recursos públicos o parafiscales, indica el CD que el parlamentario “comete un gran error al establecer que Keralty S.A.S administra recursos públicos o parafiscales”.

“No es cierto. Quien administra recursos parafiscales es Sanitas S.A. EPS que es una sociedad distinta a KERALTY S.A.S”, enfatiza el comunicado.

El sábado, el mencionado parlamentario hizo referencia a tal ley para denunciar lo que considera una prohibición legal de donar a partidos políticos y dijo que la financiación de la empresa extranjera Keralty la hizo a varios de ellos en 2002.

Así sostuvo que el Centro Democrático habría recibido $35 millones y $302 millones del conglomerado Bolívar, propietario de la EPS Salud Bolívar, el Partido de la U $19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y los $68 millones del Grupo Bolívar.

El Centro Democrático insistió en el comunicado que la denuncia del senador Arias “no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta Reforma a la Salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica. Quedan en evidencia las maniobras y argucias cada vez más inverosímiles para evitar que el honorable Senado de la República hunda una reforma que acabaría con el sistema de salud de los colombianos”.