Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, habló hoy en el foro ‘Un camino con las víctimas’, sobre demoras indebidas en el Congreso para debatir la crucial reforma de la Ley de Víctimas, presentada desde septiembre del año pasado.

De acuerdo con la funcionaria, la omisión legislativa y las presuntas irregularidades comprometen la reparación e indemnización a más de nueve millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia.

“Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno Nacional”, afirmó con Tobón durante el foro. Señaló que la demora en el proceso legislativo pone en riesgo la reparación e indemnización a los afectados por el conflicto armado.

Asimismo, la mujer criticó la actuación de algunos congresistas, expresando su preocupación por los retrasos injustificados: “No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan”.

La directora de la Unidad de Víctimas lamentó la pérdida de recursos destinados a reparar a las víctimas debido a la burocracia y la priorización de agendas políticas sobre las necesidades reales. “Gran parte de los recursos de la Unidad de víctimas se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas”.

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Uno de los puntos cruciales de la reforma propuesta por el Gobierno Nacional es abordar la cuestión de los recursos disponibles para la reparación de las víctimas del conflicto armado. La directora Tobón enfatizó la importancia de lograr un compromiso desde el más alto Gobierno para asegurar la financiación necesaria: “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso”.

La necesidad de avanzar en la reforma de la ley no es simplemente una petición de las víctimas, sino una orden de la Corte Constitucional, subrayó Tobón. Propuso un cabildo abierto como un medio para identificar posibles fuentes de financiamiento y enfatizó que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar en beneficio de más de nueve millones de personas afectadas por el conflicto armado: *“No es solo un tema de la directora. Son los derechos de más de nueve millones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado”.*