Una demanda de acción de cumplimiento fue ayer aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la  Corte Suprema de Justicia, la cual  busca que elija a los magistrados que le faltan, en este  momento siete, lo que la ha llevado al borde  de que caiga en un bloqueo institucional pues el 28 de este mes vencerá el periodo del jurista Ariel Salazar, con lo cual se desbarataría el quórum  de 16 necesarios para tomar cualquier decisión en sala plena, a no ser que de aquí a esa fecha designe al menos un togado.

La Acción fue  radicada por la Corporación Excelencia en la Justicia que en la citada demanda argumentó que el alto Tribunal está omitiendo "los deberes establecidos por la Constitución Política y del reglamento de sus funciones".

La demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó a cargo de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi, quien dispuso notificar de esta acción a la Corte Suprema de Justicia.

Además advirtió a la parte demandada que “dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, tendrá derecho a hacerse parte en el proceso de la referencia, allegar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias”.

Igualmente indica la  magistrada Lozzi en el auto en que admite la demanda que “la decisión de fondo será proferida dentro de los 20 días siguientes a la admisión de la presente acción”.

Este jueves está programada una sala plena en la cual, sin duda, el primer punto en el orden del día será una nueva ronda de votaciones para elegir magistrados que llenen las siete vacantes que se han ido acumulando, incluso dos datan de 2018, por la finalización del periodo de 8 años de los juristas o la renuncia en mayo del año anterior de Margarita Cabello Blanco para aceptar la invitación del presidente Iván Duque a ser ministra de Justicia.

Será la última oportunidad que tendrá la Corte, por lo menos en una sala plena ordinaria, para elegir al menos un magistrado antes de que se vaya Ariel Salazar.

Aunque dada la gravedad de la situación que se avizora porque entraría en un bloqueo institucional de desbaratarse el quórum, podría  la Corporación realizar una o dos salas extraordinarias más antes del 28 de este mes.

La situación a la que ha llegado la Corte Suprema de Justicia se debe a las dificultades que durante más de año y medio ha tenido para hallar consenso en las votaciones, que no ha permitido que  ninguno de los aspirantes a magistrado alcance hasta el momento los 16 votos que se requieren para salir elegido.

Sin embargo también tendría su explicación en disputas intestinas que se presentan entre magistrados de las tres salas que componen esta Corporación (Laboral, Civil y Casación Penal), pues habría bloques de juristas e incluso algunos por cuenta propia, que habrían puesto por encima sus intereses tratando de que sean elegidos sus amigos, y cuando ello no se logra bloquean la votación haciéndolo en blanco o por otros aspirantes que saben no alcanzarán los 16 votos necesarios.

Dicha situación afectó también la elección del Fiscal General pues ante la renuncia de Néstor Humberto  Martínez en mayo pasado, el presidente Duque esperó 7 meses para enviar la terna  a la espera de que el alto Tribunal llenara algunas de sus vacantes, y de esta forma la escogencia de este alto cargo se realizara con las mayores garantías.

Sin embargo a finales de enero pasado los 16 magistrados actuantes hoy en la Corte, tras largas conversaciones entre ellos y la mirada escrutadora del Gobierno y la propia ciudadanía que veían con preocupación más largas en la elección del Fiscal General, escogieron a Francisco Barbosa de la terna que el pasado 3 de diciembre hizo llegar el presidente Duque.

Presidente para este año

Tampoco en las dos salas que se han adelantado este año los magistrados se han podido poner de acuerdo sobre el nombre del presidente de la Corporación para 2020, a pesar de que el tema no luce tan complicado pues esta dignidad correspondería, según la tradición que mantiene, a quien fue vicepresidente el año inmediatamente anterior, en este caso Jorge Luis Quiroz, de la Sala Laboral.

No obstante le salió un competidor a Quiroz porque su compañero de la Sala Laboral, Gerardo Botero, también decidió aspirar para ocupar la presidencia este año. Entonces hubo la necesidad de designar un presidente en calidad de encargado, nombramiento que recayó por orden alfabético en el magistrado Francisco Acuña.