La Corte Constitucional declaró este lunes el "estado de cosas inconstitucionales", por las denuncias de violaciones de derechos humanos en las estaciones y URI de la Policía.

La decisión se debe a varias irregularidades como hacinamientos, falta de servicio sanitario y proliferación de enfermedades, entre las personas detenidas.

“Por esa razón, las personas detenidas son custodiadas en espacios que no son aptos para garantizar una reclusión digna y son sometidas a una violación sistemática de sus derechos”, informó el alto tribunal.

“Cuando una persona es capturada por la presunta comisión de un delito, debe ser llevada ante un juez dentro de las siguientes 36 horas. Durante ese tiempo, las autoridades que estén a cargo de la custodia del sujeto, deben garantizar condiciones mínimas de dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante”, explicó la Corte.

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Con una votación de 5-3, la Corte Constitucional ordenó una serie de medidas para restablecer los derechos de los detenidos, algunas de ellas son la construcción de nuevas cárceles, traslado de condenados y adecuar nuevos espacios.

También afirmó el tribunal que “la situación de las URI exige que el Estado adopte un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano”.

Finalmente, la Corte ordenó el acompañamiento de “la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, para que en los próximos dos meses emprendan las acciones necesarias para realizar brigadas jurídicas periódicas en los centros de detención transitoria del país, con el objetivo de verificar las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de la libertad y realizar el acompañamiento y el seguimiento para impulsar la libertad o traslado de las personas procesadas”.