La reforma a la Justicia no se puede enfocar en quién investiga a quién. Lo que se debe mirar de verdad es la manera de crear mecanismos para una verdadera descongestión.

Así lo aseguró el ex vicepresidente Humberto De La Calle, quien manifestó además que a él sí le gusta que los Notarios asuman funciones judiciales y señaló que el problema actual es que muchos casos judiciales son pasados a jueces de descongestión, que lo que hacen es demorar mucho más los procesos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analiza la Reforma a la Justicia que tramita el Congreso?

HUMBERTO DE LA CALLE:Para serle franco, a mí me parece que son más valiosos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en otros campos, como en el Código General del Proceso o en las decisiones administrativas para descongestión, que esta Reforma a la Justicia.

Me parece que está más orientada a una especie de nueva distribución de la torta punitiva. Digamos, es una discusión de la élite sobre quién castiga a quién.

Es una Reforma en la cual el acceso a la Justicia del ciudadano de a pie se ve minimizado, está muy lejos.

ENS: ¿Cree que aparte de esta Reforma van a terminar haciendo otra?

HC:Pues yo no soy capaz de decir eso. Yo veo el Gobierno empeñado en sacar esta Reforma.

Pero además de las críticas que le acabo de hacer, últimamente sí que han aumentado las preocupaciones, porque lo que yo encuentro es que hay un esfuerzo en el Congreso para debilitar mecanismos de control político y de control ético de los propios congresistas. Lo que hemos visto es que la pérdida de investidura se va a debilitar. Tampoco me gusta que los anónimos no sirvan para denunciar. Ahora se habla de un intento de eliminar el control por parte de la Procuraduría, sin que se nos haya explicado quién entonces haría las investigaciones a los congresistas. Se dice además en una norma, que me parece delirante, que no hay conflicto de interés cuando se votan reformas constitucionales. Ese es el caso de esta Reforma. Las personas que puedan tener investigaciones, pues se liberan de los conflictos de interés simplemente diciendo que se está votando una norma constitucional y no una norma legal. Se disminuye las causales de pérdida de investidura, porque los conflictos de interés se limitan a los de orden constitucional.

ENS: Pero los senadores dicen que a ellos los investigan el Consejo de Estado y la Procuraduría. ¿Qué piensa?

HC:La pérdida de investidura es uno de los instrumentos más importantes de la Constitución del 91. La pérdida de investidura en manos del Consejo de Estado, que es una autoridad jurisdiccional, está colocada hoy como una especie de ejemplo en el mundo, muchas veces causa sorpresa. ¿Sabe que en Colombia un congresista puede perder su investidura por situaciones muy graves de ética, de manera muy expedita y muy rápida? La Procuraduría estudia los temas disciplinarios, pero la pérdida de la investidura es una institución que se explica por sí misma y que ha sido uno de los logros de la Constitución del 91. Pero más allá de la discusión que usted me plantea, el hecho es que es evidente el deseo de debilitar la pérdida de investidura. Una cosa es la doble instancia, con la cual todos estamos de acuerdo. Pero cuando se dice que la pérdida de investidura debe ser proporcional, eso parece un chiste, porque la investidura se pierde o no se pierde. ¿Cómo se puede perder proporcionalmente una investidura? ¿O es que están disimulando el lenguaje para decir que vendrán suspensiones temporales de la condición de congresista?

ENS: ¿Cómo ve el tema de la financiación de la Justicia?

HC:Yo estoy de acuerdo con el ministro Esguerra, porque no solo es evidente que hay una necesidad de mayores recursos, sino que al mismo tiempo es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura ha tenido un muy bajo nivel presupuestal. Me parece que todas estas fórmulas, que simplemente obligan en la Constitución a tener un monto fijo de recursos, son muy inadecuadas. Es la peor manera de administrar un presupuesto. Uno lo que tiene que hacer es lo contrario: señalar cuáles son las verdaderas necesidades de la Justicia, para luego sí entrar a solventar y poner las partidas necesarias para lograr esos objetivos. Pero aquí se está invirtiendo el orden. Se habla de sumas ciegas, fijas, que no obedecen a un estudio previo, que además contribuyen a descuartizar el presupuesto y a hacer bastante inflexible el manejo del mismo. Esa es la peor manera de abordar ese problema.

ENS: ¿Y el hecho de que los Notarios tengan funciones judiciales?

HC:En ese punto sí estoy de acuerdo, porque me parece que es necesario proveer mayor oferta de Justicia. Y en verdad hay personas capacitadas, como el caso de los Notarios. Incluso abogados que reciben temporalmente funciones judiciales, circunstancia que no es diferente al arbitramento, donde también hay abogados que imparten justicia.

Me parece que todo lo que vaya en aumentar la oferta de la Justicia es útil, porque ahí es donde están los verdaderos problemas, los problemas de acceso. Pero esto se debe hacer con regulaciones cuidadosas y bajo la supervisión de la propia Rama Judicial. Nadie está hablando de privatización de la Justicia. Nosotros sabemos que muchas veces los problemas no dependen de quién investiga a quién, sino de lo que ocurre en el día a día de los juzgados.

ENS: ¿Pero sídescongestiona la Justicia?

HC:Claro, en la medida que hayan posibilidades, primero, de aumentar la oferta de la Justicia y, segundo, por la vía de la desjudicialización: entregar determinadas querellas a la determinación de funcionarios que entrarían a colaborar con la Justicia.

Lo que se hace ahora es que nombran a unos jueces temporalmente para hacer tareas de descongestión y muchas veces hacen tardar la Justicia.