No es nuevo ni local el debate sobre qué contratos deben tener los trabajadores cuyos servicios son solicitados a través de plataformas digitales; pero se ha encendido a raíz de un empleado que pasó de ser domiciliario a realizar actividades formales, por lo que reclamaba cambio de contrato y un juez le dio la razón.

Mientras los empresarios del sector reclaman no ser considerados patronos de los trabajadores independientes (autónomos los llaman) que se enganchan con sus aplicaciones, el sindicalismo exige que se les equiparen los derechos de los empleados formales. El abogado Kevin Hartmann precisó que en el Congreso se ha insistido en “crear una categoría intermedia: el trabajador digital”, pero que “el lobby de las plataformas lo hunde en vez de debatir”.

El representante por Risaralda, Gabriel Jaime Vallejo, del Centro Democrático, trinó que “la justicia al parecer quiere darle un golpe mortal a las plataformas tecnológicas y por ende a la cuarta revolución industrial. Mientras millones de desempleados y trabajadores piden trabajos dignos y formales, la justicia los condena a vivir en la pobreza”.

Aunque en respuesta a esa reacción específica, Hartmann apuntó que es “fácil el discurso de echarle la culpa a los jueces”. A su vez, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que con Hartmann y otros juristas han trabajado propuestas legislativas, recordó que “se los advertimos con holgada anticipación. El día que un juez aborde el asunto, no tendrá alternativa distinta a la de aplicar la categoría jurídica correspondiente hoy en la legislación: el contrato laboral”.