Desde que inició el periodo administrativo de las alcaldías en 2020 y hasta la fecha, la Organización Electoral ha recibido 121 solicitudes de revocatoria, las cuales han sido radicadas desde enero de 2021.  De estas, 29 han sido desestimadas, ya que no han alcanzado las firmas requeridas o sus promotores han decidido dar un paso al costado. Solo en una oportunidad ha prosperado este proceso.

Para el cumplimiento de la revocatoria la Registraduría Nacional, a través de su Dirección de Censo Electoral, cuenta con 45 días calendario para verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos entregados por los promotores.

Los casos más conocidos han sido el de Daniel Quintero, alcalde de Medellín; sus homólogos de Bogotá, Claudia López; de Cali, Jorge Iván Ospina; de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, y Ximena Ballesteros, mandataria del municipio de Susa. Todos han enfrentado procesos similares con ciudadanos organizados a través de comités promotores, quienes decidieron recoger firmas para generar un cambio en las administraciones municipales. Sin embargo, hasta ahora solo uno fue revocado.

Participación

Se trata de Ximena Ballesteros, del Centro Democrático, quien se convierte en la segunda ocasión en la historia en que prospera este mecanismo de participación ciudadana. Los datos de la Registraduría indicaron que para este ejercicio a las urnas acudieron 1.672 personas, de las cuales votaron por el sí 1.624, por lo que se revocó a la alcaldesa. El umbral para esta revocatoria se fijó en 1.484 personas, por lo que se superó sin problema alguno. Además, el censo electoral para este municipio estaba fijado en 5.370 ciudadanos aptos para votar.

El más reciente caso de revocatoria que no prosperó fue el pasado 26 de junio contra el alcalde de Cúcuta, ya que de 616 mil ciudadanos que estaban habilitados para decidir el futuro del mandatario cucuteño, solo votaron 11.555 personas. Se dedujo que 500 mil ciudadanos consideraron, con su silencio, que el mandatario está haciendo un buen trabajo.

De otro lado, contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se impulsó un proceso de revocatoria que no llegó a las urnas por líos con las firmas. Ante este hecho, Quintero dijo: “Después de estos procesos nadie gana nada”.

Asimismo, el movimiento “Por la Bogotá que Merecemos”, que buscaba revocar a Claudia López, retiró el procedimiento en abril de 2021, argumentando que las presuntas demoras en la entrega de las planillas implicaron que no tuvieran el tiempo necesario para recolectar las firmas.

Igualmente, en Cali surgieron dos iniciativas similares contra el mandatario Jorge Iván Ospina. La primera de estas, organizada por el comité Cali Primero, se cayó en noviembre, tras no recoger los 90 mil avales que necesitaba para recibir la luz verde de la autoridad electoral, pues solo alcanzó 75 mil.

Si bien las iniciativas son válidas dentro de la democracia, algunos analistas consideran que son una figura desgastante, porque esto implica estar en una constante campaña. Además, lo han calificado como poco efectivo y ponen como ejemplo que desde que la figura nació en el país solo dos mandatarios han sido revocados.

Desde la primera revocatoria de mandato en el año 1996 se han realizado hasta la fecha 136 jornadas en las urnas, con tan solo dos aprobadas, la primera en Tasco, Boyacá, el 29 de julio de 2018, y la segunda el 20 de febrero de 2022 en el municipio de Susa, Cundinamarca.

Los costos

Actualmente los costos de estas revocatorias son asumidos por los municipios, es decir, por los mismos habitantes que residen en las ciudades donde se desarrollan estos procesos. Pero también el Gobierno nacional debe aportar.  

Con el millonario gasto que se realiza en un proceso de revocatoria, varios analistas han determinado que este rubro bien podría ser invertido en proyectos de vivienda, incluso, para generar hasta cinco mil oportunidades de acceder a una casa propia, de acuerdo con el presupuesto que el Gobierno nacional designa para este tipo de inversiones.