EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las expectativas del MIRA para las elecciones regionales?

CARLOS GUEVARA: Tenemos más de 2.700 candidatos en el país a alcaldías, gobernaciones, concejos, juntas administradoras locales.

Tenemos candidatos de lujo, un gran porcentaje de participación de mujeres, más del 56% de nuestras listas están integradas por mujeres. Ninguno salió inhabilitado. Eso es un buen mensaje para nuestra democracia. Y también señalar que vienen de un proceso de formación política para que cuando lleguen a la corporación no solamente conozcan muy bien el alcance de sus funciones, sino que conozcan los principios y las cuestiones programáticas del partido.

Esperamos en Bogotá tener un concejal adicional, siete ediles u ocho. También poder aumentar nuestra representación en la Costa. Queremos crecer en esa región y en el Eje Cafetero, en el departamento del Valle y en el Meta. Son departamentos donde el partido ha venido creciendo y hemos venido generando incidencia.

ENS: ¿Cómo han conformado las alianzas con otras colectividades?

CG: Hemos identificado las mejores propuestas, los mejores candidatos y con ellos hemos llegado a acuerdos programáticos en pro de una directriz: la generación de empleo. Hoy los ciudadanos están pidiendo empleo formal y de calidad. Gran parte de la solución al tema del desempleo puede estar en la misma gerencia de las alcaldías municipales, promoviendo el emprendimiento, ayudándoles a las madres cabeza de familia, a los jóvenes. Esta es la apuesta del partido.

ENS: Usted está impulsado un proyecto para endurecer los castigos contra los delitos cibernéticos. ¿En qué consiste esta iniciativa?

CG: En primer lugar lo que hemos encontrado es que estos delitos en redes sociales y por Internet se han incrementado de manera dramática. Más del 20% de un año a otro, más de 12.000 casos se presentaron el año pasado y, en su gran mayoría, las víctimas son mujeres y niños. ¿De qué estamos hablando? De las extorsiones, del sexting, del cyberbulling. A través de perfiles falsos se engaña sobre todo a nuestros niños para que expongan sus partes íntimas, suban una foto y después sean chantajeados para poder acceder carnalmente.

En segundo lugar buscamos penalizar estos hechos porque hoy en el país no están penalizados. Habrá penas entre seis y 10 años para quienes cometan este tipo de delitos. Y a su vez vamos a poder darle facultades a la Fiscalía para que puedan descolgar de las páginas de internet la información que se ha subido de manera ilegal. Buscamos que se tipifiquen estos delitos, que tengamos sanciones claras y que también se pueda dar un mensaje social sobre este tipo de hechos.

Hay que decir que también hay un artículo en la ponencia de Cámara que está relacionado con la filmación de videos en transporte público.

ENS: ¿La pena aumentaría si el delito es contra menores de edad?

CG: Hay un agravante cuando es con menores de edad. Esto tiene que ir de la mano de la eficacia del sector justicia para que podamos judicializar las personas. Son personas que hoy están en mercados ilegales de la pornografía. Es algo muy complejo que golpea a nuestros niños en su gran mayoría.

ENS: Recientemente fue radicada una iniciativa similar a esta. ¿Ha dialogado con el senador Richard Aguilar, que la impulsa?

CG: No, no he conversado. Tengo entendido que el doctor Richard Aguilar votó nuestra iniciativa que va para tercer debate en Cámara y que está muy bien trabajada por la Fiscalía para acotar estos delitos. Sobre todo hay que señalar que son delitos de odio contra las mujeres y delitos contra los menores que tienen una prevalencia constitucional. Bienvenido el doctor Richard para que lo discutamos, que su iniciativa sea incorporada en esta. Esto no es un pulso. Buscamos que ganen sobre todo las víctimas.

ENS: ¿Para cuándo está previsto el tercer debate?

CG: El debate está previsto para de este martes en ocho. Ya hay ponencia y está listo para debate en Comisión Primera de Cámara.

ENS: Recientemente el presidente Iván Duque sancionó la ‘ley de la empanada’, una iniciativa impulsada por ustedes…

CG: Estamos muy contentos porque este fue un trabajo de años del partido, un proyecto que fue respaldado por todo el Congreso y el Gobierno. Lo que pretende la ley es crear un censo de vendedores informales en el país. Se habla de más de dos millones de vendedores, muchos de ellos están en condiciones de vulnerabilidad y vamos a garantizar la caracterización, cómo apoyarlos y cómo sacar a algunos del espacio público a lugares organizados.