DESPUÉS DE que el Gobierno impulsará la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, a cuenta gotas ha anunciado su intención de nuevas instituciones que, sostiene, son necesarias en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y de distintas políticas que viene adelantando. Es el caso de la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), para lo cual acaba de radicar un proyecto de ley.

Ecominerales hace parte del plan del Gobierno para transformar la minería en el país. Se propone como una empresa industrial y comercial del Estado, con autonomía administrativa y financiera, inspirada en el modelo de Ecopetrol.

Su objetivo principal es “garantizar una minería sostenible, responsable y productiva”, según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Entre las funciones clave de Ecominerales se encuentran la gestión de bienes revertidos al Estado, el fomento de la formalización de la pequeña y mediana minería, la comercialización de minerales estratégicos como el oro para abastecer el mercado local y el impulso a cadenas de joyería limpia.

Mientras que el proyecto de ley de la anterior iniciativa comenzará su discusión en el Congreso en febrero próximo; en Senado está pendiente de segundo debate en plenaria el texto que presentó en julio pasado el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, el cual fue acumulado con uno en similar sentido que llevaron congresistas de Cambio Radical.

Se busca que la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales sea un organismo de carácter técnico, especializado, que tendrá como objeto planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en el país, con el propósito de prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.

Mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 quedó establecido crear el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (Indtot), como una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con autonomía administrativa, personería jurídica y autonomía presupuestal. Su domicilio será en Bogotá y contará con la estructura interna y la planta de personal que el Gobierno nacional establezca.

Tendrá como objetivo coordinar y operar el Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, del que hacen parte el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Invima, bancos de tejidos, IPS generadoras y trasplantadoras, direcciones departamentales y distritales de salud, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los demás actores.

Sin embargo, se advierte en esta Ley que la implementación de dicho Instituto estará sujeta al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Otras entidades

El Gobierno creó el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira a principios de octubre pasado por medio de los decretos 1601 y 1602, al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica que declaró para atender la crisis social en esta región y la dificultad para acceder al agua, que se espera sea más crítico este problema por la sequía producto del fenómeno del Niño que ya vive el país y podría extenderse hasta marzo próximo.

El Ejecutivo quería con esta entidad gestionar el agua en La Guajira y reducir la vulnerabilidad de la población frente a este recurso. Sería un establecimiento público adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó en octubre pasado el Decreto que declaró la Emergencia, por considerar que las situaciones que se presentan en La Guajira si bien son graves, como las dificultades para el acceso al agua y la desnutrición de la niñez wayúu, no son hechos sobrevinientes y, por lo tanto, se pueden tramitar por la vía ordinaria con proyectos de ley en el Congreso.

Como consecuencia, entre otras, se cayó la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira.

En noviembre pasado, el Gobierno dio vida por medio del Decreto n.º 1961 al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), con el propósito del “fomento de la construcción, mejoramiento, y conservación de las vías regionales, en el territorio nacional, en cooperación con los departamentos, municipios o con otras entidades oficiales, semioficiales y privadas”, según se explica en este acto administrativo.

El Invir tendrá patrimonio propio, autonomía administrativa y será adscrito al Ministerio de Transporte.

El organismo ejecutará las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura de carácter regional, así como la Red Vial Nacional de carreteras terciarias y sus infraestructuras conexas.