EL SOBREPESO y la obesidad no solo se miden en kilos o índices de masa corporal, también se reflejan en los años de vida saludables que pierde una persona y en un aumento de costos para los sistemas de salud y los bolsillos de las familias.

UNICEF Colombia y la fundación ALZAK adelantaron el estudio Carga de enfermedad y económica del sobrepeso y la obesidad en mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes en Colombia. Entre 2015 y 2020, por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad se perdieron 643 años de vida saludable por año, es decir los años vividos con esta condición y sus efectos, como desarrollar enfermedades asociadas. En este sentido, el grupo de edad entre 6 a 11 años fue el más afectado.

Esta situación debería ser tratada como una prioridad de salud pública según lo indica la Ley 1355 de 2019: “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”, reza el objeto.

No obstante, según advirtió la Corte Constitucional en un reciente fallo emitido tras la demanda de una usuaria de la Nueva EPS contra esa entidad, aún no se han implementado completa y efectivamente las disposiciones de la Ley 1355 de 2009.

“Si bien se ha avanzado a través de los esfuerzos institucionales del Minsalud, de las EPS y las IPS, la obesidad no ha sido abordada como un asunto de salud pública. Por ende, si bien se han implementado medidas para prevenir la obesidad, aquellas no han sido suficientes y ahora el padecimiento de la enfermedad permeó a la población en conjunto”, señaló la Corte.

La Sala Novena de Revisión mencionó que la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial y debe tratarse de manera interdisciplinar. Sostuvo, además, que la obesidad y el sobrepeso afectan al 56,4% de la población colombiana y le corresponde al Gobierno nacional reglamentar la ley mediante la cual se determinó que la obesidad es un asunto prioritario de salud pública.

La Corte en su análisis llamó la atención al Gobierno nacional, respecto del deber que tiene de reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo.

Un problema financiero

Álvaro Forero, profesor de Derecho de la Universidad Central, explicó a EL NUEVO SIGLO las razones por las que un mal manejo de la obesidad como prioridad de salud pública podría convertirse en el principal problema financiero para los sistemas de salud.

“En cifras redondas en la población mundial hay 1.600 millones de personas con sobrepeso y obesidad y alrededor de 800 millones de personas que padecen desnutrición. Desde un punto de vista puramente cuantitativo eso significa que al menos hay dos personas obesas por cada persona desnutrida, es un problema inmenso para los sistemas de salud del mundo entero”, señaló.

En este sentido, sostuvo que el tema de la obesidad ha venido aumentando progresivamente y se convierte ya en una importante carga económica para las economías de los sistemas de salud de todos los países.

“Estamos en mora en Colombia y en el mundo entero de una campaña mucho más enérgica frente a los temas de la obesidad porque son asuntos que tienen que ver también con el sistema educativo, con el sistema cultural y que implica la acción por parte del Estado en todos esos ámbitos”, indicó.

A su turno, Javier Bonilla, médico y docente del programa de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, señaló que es una necesidad que se coloque en marcha a nivel nacional la ley en cuestión, en virtud del aumento de la obesidad y las enfermedades asociadas.

“Echar en marcha esta ley es imprescindible y necesario. Se debe condicionar al país a que regule todo aquello que deteriora la salud cardio-cerebro-vascular y metabólica de los colombianos”, concluyó.