Fue anunciado ayer por la Corte Constitucional el inicio de un incidente de desacato al Gobierno por el bajo cumplimiento en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para superar el estado de cosas institucional que declaró en 2017, por la vulneración de derechos de la niñez wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira.

El incidente de desacato es en contra de la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, entre otros.

En esta ocasión, la Sala de Seguimiento valoró el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia en cuanto a la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional, que tiene como objetivo garantizar el goce de derechos de los niños de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud.

La Sala concluyó que hay un cumplimiento bajo de dicha orden. Si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira como acción para cumplir la orden, “esta no es conducente, toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden”, explicó el alto tribunal.

Así, la Sala dispuso que los ministerios y entidades antes anotados remitan en las 48 horas siguientes a la notificación del auto un informe que acredite el cumplimiento frente a la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Respecto del incidente de desacato, la Sala de Seguimiento advirtió que las autoridades tienen tres días para presentar pruebas y, en caso de reportarse nuevas acciones y resultados para el cumplimiento de la orden, estos deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos.

Es el segundo hecho en que el Gobierno sale mal librado en las últimas semanas en la Corte en lo que tiene que ver con La  Guajira, pues anteriormente se cayó la Emergencia Económica, Social y Ecológica que había declarado para ese departamento.