Pese a que la iniciativa pasó ahora a ser tramitada por la Comisión Primera del Senado, sigue en cuidados intensivos

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Estuvo a punto de hundirse la semana pasada la reforma constitucional que ajusta el proceso para elegir al Fiscal General, pues la plenaria de la Cámara lo aprobó en la última oportunidad que tenía para que la iniciativa pudiera seguir con vida.

Sin embargo, el proyecto sigue en cuidados intensivos pues aunque tiene hasta el 16 de diciembre para que culmine su primera vuelta (dándole el Senado tercer y cuarto de los ocho debates que necesita), se enfrenta a una apretada agenda legislativa, en la que tendrán prioridad los proyectos del Gobierno, en particular la reforma tributaria (Ley de Financiamiento).

Según el representante por Bogotá, José Daniel López, de Cambio Radical, el proyecto tiene dos objetivos: “Primero introduce meritocracia en la elección del Fiscal, donde el Presidente mantiene su facultad de terna, la Corte mantiene su facultad de elección, pero el Presidente debe sacar la terna de un grupo de 10 personas seleccionadas por medio de un proceso meritocrático. Esto no regirá para la elección del próximo Fiscal, sino para el Fiscal que viene”.

Además, según López, “introduce el periodo institucional del Fiscal. A raíz de una sentencia de la Corte Constitucional de la época del exfiscal Eduardo Montealegre quedó establecido que el periodo del Fiscal es personal, lo que quiere decir que si un fiscal se posesiona y al año renuncia, quien lo reemplaza tiene un periodo de cuatro años. Eso es problemático porque puede pasar que en algún punto un Fiscal coincida en el periodo con la mayor parte del periodo del Presidente que lo ayudó a elegir y eso no es bueno para el principio de separación de poderes”.

El representante por Antioquia Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, aseguró que el periodo institucional del Fiscal está bien, porque “lo que hubo aquí fue un desbarate, porque lo que se hizo fue desbaratar la Constitución con nombre propio. El solo hecho de presentar ese proyecto de acto legislativo es reconocer que se abusó de una jurisprudencia para hacerla a la medida de un exfiscal general de la Nación”.

Sin embargo, presentó su objeción con que se le remueva “del todo la capacidad nominadora al presidente de la República. Aquí se dice que se nominan los 10 mejores, pero no decimos los 10 mejores en qué. Además el presidente puede escoger en 10 nombres, pero ahí está perdiendo su capacidad nominadora”.

El representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, advirtió que “la Corte ha decidido devolver la terna durante varias ocasiones y no queremos que con este proyecto un excelente propósito para que se castre la posibilidad nominadora. Incluimos un parágrafo para que no se devuelva la terna. Lo que obliga a la Corte a elegir de los tres que el presidente eligió”.

Sin embargo, la también representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, aseguró que la elección de fiscal requiere de todas las garantías, porque “hoy un partido es de gobierno mañana es cualquier otro y esa es una realidad a la que nos trae la democracia. Nuestro interés es tener un buen sistema de pesos y contrapesos que garantice que quien es elegido fiscal lo hace porque tiene todos los conocimientos para estar allí. Además, que quien está en el poder no puede tener una injerencia directa en la manera como se conducen procesos penales o la política criminal del Estado”.

Ante esto la plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa que ahora pasa a análisis de la Comisión Primera del Senado.

El proyecto está justo de tiempos y según el representante López el Gobierno deberá mostrar con este acto legislativo su voluntad de aprobar los proyectos anticorrupción.

“Cada semana de retraso es una semana que pone en riesgo el proyecto y el Gobierno sabe esto. Y por eso le pidió a su bancada retirarse de la discusión. Quiero resaltar en este punto que es contradictorio que este Gobierno, que supuestamente defiende la agenda anticorrupción, que supuestamente busca una nueva forma de relacionarse con el Congreso, se oponga a que haya meritocracia para uno de los cargos más importantes del país, como es el de Fiscal General de la Nación”, aseguró López.