La Auditoría General de la Nación respaldó la gestión de las Contralorías Territoriales, tras advertir que diseñó un modelo de evaluación que opera sobre la base de evaluar el desempeño de sus procesos y se aplica trimestralmente y que se certifica en marzo de cada año.
“De esta manera, en lugar de eliminar las entidades, se les evalúa la gestión y sus resultados y ello sirve para tomar medidas oportunas, corregir el rumbo y mejorar la gestión”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo.
La funcionaria explicó que con el Acto Legislativo 04 de 2019 se reformó el sistema nacional de control fiscal, y en marzo de 2020 se expidió el Decreto 403 que reglamentó dicha reforma.
“Al contrario de la idea de eliminar las Contralorías Territoriales, como una alternativa para mejorar el control fiscal, el Decreto 403 plantea un modelo de mejoramiento continuo de estos organismos de control”, dijo Erazo, y recordó que cuando una de estas entidades no reciba la certificación de su gestión, la Contraloría General de la República podrá intervenirla administrativamente.
La Auditora General explicó que a pesar de la crisis sanitaria generada por el covid 19, fue necesario adecuar muchas labores de control a métodos virtuales.
“Si revisamos la ejecución reportada por las contralorías, a septiembre del presente año habían ejecutado el 46% de lo programado, es decir, 2.611 auditorías y se encontraban en ejecución 2.277 que equivalen a un 40% del total. Según los reportes de nuestras diez Gerencias seccionales, la gestión adelantada por las contralorías territoriales viene cumpliendo con las metas que establecieron”, aseguró.
Respecto de la gestión contra la corrupción que realizan las Contralorías Territoriales, la Auditora señaló que “la presencia institucional en las regiones tiene efectos directos y favorables en la lucha contra la corrupción. Las Contralorías han estado atentas a la ejecución de los recursos públicos, sobre todo los destinados para atender la pandemia derivada de la pandemia de covid”.
En ese sentido, la jefe del organismo de control contable aseguró que su despacho a través del Plan de Promoción de la Participación Ciudadana.
“Convocamos a veedores ciudadanos, presidentes de juntas de acción comunal y otros líderes sociales para conformar equipos de trabajo en torno a la vigilancia de los recursos destinados a mitigar los efectos de la pandemia. La respuesta no se hizo esperar y en cada una de nuestras diez gerencias seccionales se realizaron encuentros virtuales tanto para impartir capacitación en control social, como para organizar un trabajo conjunto que nos permitiera como Entidad y como ciudadanía, vigilar de forma efectiva estos recursos”, explicó.
No obstante, reconoció que la pandemia obligó a repensar las formas tradicionales de ejercer el control contable. “Y digo esto con toda la autoridad, porque en la Auditoría General de la República tuvimos que replantear nuestro proceso auditor para llevarlo completamente a la virtualidad y de esta manera lograr ejecutarlo en su totalidad, y para ello hicimos uso de nuestras herramientas tecnológicas y de las plataformas web disponibles”.
En ese sentido, reiteró que las Contralorías Territoriales han hecho lo propio utilizando los aplicativos con los que, históricamente han contado.
“Pero no podemos desconocer que no todas las Contralorías tienen la misma infraestructura, conectividad, número de sujetos vigilados, etc. Frente a estos casos, muchas de ellas han tenido que suspender temporalmente algunos procesos, pero tengo que decirlo, se han venido reacomodando para sacar adelante su quehacer misional”, añadió Erazo.
También se refirió al mecanismo actual de elección de los contralores territoriales a partir de la expedición del Acto Legislativo No. 04 de 2019 que dejó esa misión en las corporaciones públicas de elección popular, es decir Asambleas y Concejos Municipales y Distritales según terna conformada por los candidatos que obtengan los puntajes más altos en convocatoria pública.
“Esta forma de elección tuvo una amplia discusión en el Congreso de la República y finalmente la decisión quedó plasmada en la enmienda constitucional contenida en el Acto Legislativo referido. Considero que la reglamentación para el proceso de convocatoria expedida por la Contraloría General de la República, atiende efectivamente a criterios de mérito y los nuevos contralores del país han sido elegidos bajo estos parámetros”, afirmó.
La Auditora General de la República concluyó que “no es un aspecto que deba ser considerado nuevamente por el Congreso de la República, dado que los contralores elegidos bajo este nuevo esquema aún no llevan ni siquiera un año de elegidos, sin contar los que apenas están en proceso de elección”.