LA DEMANDA presentada por el Ministerio de Salud contra 21 EPS por presuntamente vulnerar el derecho de acceso a la salud de los colombianos salpicó al vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, quien, a través de un comunicado de prensa, rechazó la vinculación al caso y afirmó que nuevamente la autonomía del ente de control es desconocida por el Gobierno nacional.
La acción judicial que interpuso la cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo también se sustentó en el hecho de que se incumplió la “obligatoriedad de construir y mantener las reservas técnicas, a fin de garantizar los pagos para la prestación de servicios de salud”.
También se considera que las 21 EPS violaron derechos colectivos al patrimonio público, pero, además a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de Seguridad Social en Salud y a su prestación eficiente y oportuna.
En la acción popular, Minsalud también extendió la demanda a la Contraloría General, ya que es la organización que se encarga de proteger los derechos colectivos afectados.
“El Ministerio pide al juez de conocimiento que se decrete y practique interrogatorio al Dr. Carlos Mario Zuluaga, en calidad de contralor general de la República en funciones y en condición de testimonio técnico, dado que supuestamente el titular del ente de control conoce los fundamentos en que se soporta la demanda”, destaca Contraloría.
También enfatizó que la cartera en cabeza de Jaramillo pidió que “la CGR realice una auditoría forense con la finalidad de analizar, evaluar e interpretar la información financiera reportada por las EPS demandadas, en relación con la constitución e inversión de las llamadas reservas técnicas”.
¿Qué dijo Zuluaga?
En torno a la demanda, Zuluaga respondió rechazando su vinculación en este caso, al igual el hecho de haber sido llamado a interrogatorio y de que se pretenda, a través de una orden judicial, que se realice auditoría forense a las EPS.
Una de las preocupaciones del vicecontralor en funciones de contralor es que no hay claridad si su relación con la demanda es en caso de testigo técnico o demandado.
“Nuevamente el ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, destacó Zuluaga.
Además, invitó a Minsalud “a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público sin convertir a la Contraloría en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”.
Otras críticas
Sobre este tema también se pronunció el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.
“El Ministerio de Salud y Protección Social interpuso una acción popular. Es una medida extraña, sin antecedentes. Paradójica, incluso. La Supersalud tiene funciones jurisdiccionales. El Ministerio tiene herramientas de política pública. Uno podría decir que esta medida es incluso una confesión involuntaria de incompetencia. No entiendo el propósito de la medida. Creo que es simplemente un show”, destacó recientemente a EL NUEVO SIGLO.
“El Ministerio ha tratado desde el comienzo de este gobierno de menoscabar la confianza en el sistema con fines políticos. Juega a generar desconfianza, a sembrar dudas, esperando que así va a fortalecer su posición. Es una estrategia peligrosa y antiética. Pone en peligro la vida de los pacientes”, puntualizó.
Entretanto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (Acemi), Ana María Vesga, cuestionó que el Gobierno, en lugar de recurrir a demandas contra las EPS, debe enfocar sus esfuerzos en hacer vigilancia y control al sistema de salud.
“La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita, y desde diferentes orillas, no solo las EPS. Se ha advertido que los recursos no alcanzan, que la UPC es insuficiente”, indicó.