Una vez se logren acuerdos entre el Gobierno y los sectores convocados a la “Conversación Nacional”, el papel protagónico lo tendrán la Cámara y el Senado, por ser las corporaciones que deben tramitar leyes y actos legislativos que se pacten

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Desde la semana pasada, la Casa de Nariño es el escenario de las maratónicas jornadas que lidera el presidente Iván Duque para la “Conversación Nacional” sobre los problemas que aquejan a la ciudadanía.

El punto de partida es, como se sabe, el pliego de 13 puntos presentado por el Comité Nacional de Paro como vocero de los reclamos que sacaron a la calle a miles de colombianos en un movimiento de protesta que ya completa 11 días.

La “Conversación Nacional” es con ese Comité, pero también con otros sectores políticos, económicos y sociales.

A medida que vayan tomando forma los acuerdos, un buen número de ellos deberá convertirse en leyes o traducirse en reformas constitucionales, para lo cual deberán presentarse los respectivos proyectos al Congreso.

En ese momento, el escenario de la “Conversación Nacional” se trasladará al Capitolio.

Líneas rojas

La semana pasada, a través de un comunicado, la bancada del Partido Conservador en el Congreso advirtió ayer que no acompañará “ninguna propuesta legislativa que apunte a incrementar tanto la edad como las semanas de cotización de los colombianos”, tras manifestarse dispuesto a escuchar las peticiones de los sectores sociales y coadyuvar en la solución de sus necesidades, expectativas e intereses.

Así, las colectividades empezaron a trazar sus líneas rojas respecto del menú de iniciativas con las que podría dársele respuesta a los sectores que se han movilizado con ocasión del paro cívico nacional.

Fuentes cercanas al expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, le aseguraron a EL NUEVO SIGLO que “no vamos a aceptar, como partido, tocar la canasta familiar, tampoco vamos a afectar las pensiones de los colombianos o pauperizar el salario mínimo”.

Los liberales han propuesto que se revisen las “billonarias” exenciones a los empresarios, porque “con eso nos ahorraríamos cinco reformas tributarias”.

Cambio Radical tiene claro que el Congreso, como lo dijo el senador Rodrigo Lara, “sigue siendo un espacio donde dialogan todas las tendencias políticas del país. Tenemos que mirar cuáles son los temas que debemos resolver de manera inmediata. La demora en la obtención de citas en el servicio de salud, ya tenemos un proyecto de ley en esa naturaleza. El peso exagerado en los créditos educativos, aquí aprobamos una ley que establece una cuota contingente a los ingresos pero que no ha sido implementada por el Gobierno. La necesidad de ampliar los cupos en la universidad pública. Y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. En todos estos puntos ya estamos trabajando”.

En las toldas de la Alianza Verde, el senador Antonio Sanguino indicó que “el pliego y las demandas que han planteado las exigencias del Comité Nacional de Paro pensamos que recogen las necesidades de la población. Una línea roja es que haya un Gobierno dispuesto a dialogar con el Comité Nacional de Paro y que los temas de conversación sean la agenda planteada por ellos”.

Escenario legislativo

Aunque todavía no se ha efectuado el traslado de escario ya mencionado, en el Capitolio Nacional ya se han registrado los primeros movimientos.

La semana pasada, luego de pasar por la Casa de Nariño, el Comité Nacional de Paro fue al Capitolio para reunirse con voceros de las bancadas y uno de los temas fue el trámite de la reforma tributaria, que en su primera versión el Gobierno denominó Ley de Financiamiento y ahora tras el fallo de la Corte Constitucional rebautizó como Ley de Crecimiento Económico.

La petición principal de los promotores de la protesta, de la bancada opositora y de algunos legisladores independientes fue suspender el trámite o hundir definitivamente el proyecto. Sin embargo, no se logró un consenso entre las diferentes vertientes políticas para que eso ocurra, lo que no evitará que el debate se convierta en un fuerte pulso político.

Por lo pronto, el Gobierno aprovechó para introducirle a la iniciativa temas como reducción en aportes a la salud de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, devolución del 100% del IVA para las familias más vulnerables del país, mayores incentivos tributarios para las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años y tres días al año sin IVA.

Estos ingredientes se suman a una docena de propuestas de las bancadas que fueron acogidas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Como lo publicado EL NUEVO SIGLO, la principal dificultad de este trámite es el tiempo, pues las sesiones ordinarias de esta legislatura se suspenden del 16 de diciembre al 16 de marzo.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la reforma tributaria tiene mensaje de urgencia y pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar para que esta semana empiece el trámite en las comisiones terceras, la iniciativa debe aprobarse antes del 31 de diciembre, por lo que no se descarta que el Gobierno convoque a sesiones extras.

Pulso político

Otro primer pulso político relacionado con el paro cívico y la “Conversación Nacional” se registró la semana pasada en la Comisión Séptima del Senado, donde el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, insistió en que el Gobierno tramita, a través de la bancada del Centro Democrático y de los partidos de la coalición oficialista, reformas laborales y pensionales.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, volvió a aclarar que no se ha preparado un proyecto de reforma a la vejez, “estamos recogiendo ideas, pero no hay nada escrito”; sobre convertir a Colpensiones en un fondo privado aseguró que jamás se condenará a los jóvenes a no pensionarse; y sobre las pensiones por debajo del salario mínimo, afirmó que nunca el Gobierno ha hablado sobre eso.

“Si nosotros tuviéramos una reforma laboral ya la conocerían. Todo se filtra en este país. La conocería la Mesa de Concertación. Pero no se ha llevado porque no existe. Sí tenemos unas ideas sobre reformas laborales. Todos tenemos derecho a tener ideas”, advirtió.

Pero quizás el gran pulso político en el Congreso se dé con el senador Gustavo Petro que, como se sabe, busca posicionarse para la campaña presidencial de 2022. En ese contexto se entiende su permanente rifirrafe en redes sociales con el exgobernador antioqueño Sergio Fajardo; y también ese es el hilo que jaló Duque al calificar de incendiario a quien derrotó en las presidenciales de 2018, aunque sin mencionar su nombre.