La discusión por la financiación de las vías 4G en Antioquia, que enfrenta este departamento con el Gobierno nacional, porque este se niega a girar el resto de recursos para que se terminen, es uno de los principales temas del debate de control político en la Comisión Quinta del Senado el próximo miércoles, al que fue citado el ministro de Transporte, William Camargo, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, a fin de que se explique sobre los proyectos de infraestructura y el estado de las concesiones viales del país.
También fueron citados el director General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López; la directora General del Instituto Nacional de Vías (Invias), María Constanza García; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina Ramírez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Así mismo, a la sesión fueron invitados los alcaldes de los municipios antioqueños de Barbosa, Bello, Copacabana, Don Matías, Girardota, Ciudad Bolívar, Andes, Amagá; así como los gerentes de la Concesión Pacifico 1, del Pacífico 2 y la del Pacífico 3.
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Las 4G en Antioquia que esperan recursos de la Nación para concluirse son Pacífico 1, que demanda más de $800 mil millones; Túnel del Toyo, más de $600 mil millones; Vías del Nus, cerca de $200 mil millones y la vía Medellín-Bogotá, cerca de $800 mil millones.
En total son $2,5 billones que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que se requieren para finalizar estos importantes proyectos.
Hasta el gobierno Duque no hubo inconveniente para que la Nación girara los recursos que le corresponden para la construcción de las 4G en concesión, no obstante, el presidente Petro modificó el escenario porque considera que las platas que demandan estos proyectos favorecen principalmente a los grandes capitales y los carteles de la contratación. Entonces el jefe de Estado se propone emplear esos recursos en proveer agua potable en Urabá.
El gobernador Rendón y la clase política de Antioquia señalan que la oposición de Petro a las 4G, así como el año pasado quitarle la delegación minera, es una retaliación contra esta región porque sus mandatarios no hacen parte de sus aliados políticos.
En medio de este pulso el expresidente Álvaro Uribe propuso el pasado 11 de marzo hacer una ‘vaca' para que los antioqueños donen de a un millón de pesos para poder terminar las 4G.
“Incluso sin el Gobierno nacional impera terminar las vías de Antioquia de interés para todo el país. Con el aporte de un millón de antioqueños de a millón de pesos. Hemos podido con cargas mayores”.
El gobernador Rendón acogió la iniciativa, que a la fecha ha recaudado $3.600 millones. Sin embargo, el presidente Petro ha cuestionado la iniciativa porque supuestamente podrían llegar dineros ilícitos, como $10 millones que habría donado el Clan del Golfo.
Como consecuencia la Gobernación de Antioquia estableció controles para asegurar el origen de los recursos y no se recibirán más donaciones en efectivo. Pero ahora, el presidente dijo que podrían estar incurriendo en un delito por captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización.
A la par, con el citado debate de control político este miércoles en la Comisión Quinta del Senado, se espera que en la Cámara sea agendado un debate que solicitaron 13 de los 19 representantes de Antioquia para que el Gobierno explique su postura sobre las vías 4G en este departamento.
Pérdida de investidura
Hoy se conoció que, ante el Consejo de Estado, fue demandada la investidura de ocho parlamentarios que hicieron aportes a la ‘vaca’ para financiar las vías 4 en Antioquia. Ellos son los senadores: Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal; y los representantes Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.
El abogado Carlos Patiño argumentó que “según el decreto de la Gobernación para reglamentar la ‘vaca’, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”.