Las diferentes expresiones contra la corrupción abocaron al país a un solo propósito nacional 

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El cambio se hizo sentir esta semana, cuando el presidente Iván Duque logró citar una Mesa Técnica Anticorrupción, con la gran mayoría de voceros nacionales, luego de la exitosa consulta popular de hace ocho días.

La situación no es de poca monta puesto que se obtuvo, de tal manera, encontrar un propósito nacional en el cual se ven comprometidos todos los colombianos.

Ahora falta ampliar ese Pacto al resto de fuerzas vivas de la nación, incluidos empresarios, sindicatos, Iglesia Católica, académicos y demás sectores.

No basta, pues, con haber aglutinado al llamado “país político”, porque el mandato de la consulta popular trasciende ese escenario. De hecho, la voz de los empresarios sería de sumo interés, sabido que buena parte de la corrupción se produce también en la empresa privada.

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En ese sentido una encuesta de la firma KPMG Colombia demostró cómo las empresas en su interior son las más afectadas por la corrupción. En ese escalafón lideran los fraudes las operaciones de producción, seguidas por el tema de ventas y atención al cliente, así como de los inventarios de bodega.

La corrupción no es, entonces, solo un problema al interior del Estado, sino que dentro de las empresas también pulula por doquier. Y esa es una vena rota a la que también hay que ponerle coto en el Pacto Nacional.

Igualmente está claro el tema de la connivencia entre el Estado y la empresa privada. Buena parte de las discusiones en la Mesa Técnica se llevarán a cabo en procura de llegar a soluciones para romper esos lazos leoninos.

Es por ambos aspectos, a su vez, que resulta indispensable que empresarios y sindicatos se sienten en el Pacto Nacional. De suyo ya el presidente Duque ha apuntado en esa dirección, reuniéndose con el Consejo Gremial, de lo cual haría falta una nueva cita para enfocarse exclusivamente en el tema anticorrupción.

Todos a una

En tanto, durante esta semana, los estamentos institucionales pudieron expresar su voz y poner sobre el tapete diversos proyectos de ley y de actos legislativos.

En esa dirección, el presidente Duque y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, presentaron conjuntamente al Congreso un proyecto sobre “ley de probidad”, en la cual se le darían facultades de extinción de dominio al Ministerio Público, se equipararía el régimen de las personas naturales con el de las jurídicas, en materia disciplinaria, y se obligaría a las empresas a tener una cátedra de ética, así como a mantener veedurías de los organismos de control en temas atinentes a la contratación pública.

Al mismo tiempo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha presentado un proyecto anticorrupción a fin de fortalecer los elementos punitivos y jurisdiccionales del Estado.

En algunos aspectos puntuales podrían presentarse colisiones entre la Procuraduría y la Fiscalía. Aun así es evidente el ánimo de concertación entre ambos jefes de entes de control para que los textos correspondientes estén enmarcados dentro de la Constitución.

Del mismo modo, están pendientes los mecanismos y el contenido legal que permitan incorporar las preguntas de la consulta popular, que finalmente obtuvo 11 millones 685 mil votos. Por ejemplo, uno de los temas votados en este mecanismo de participación popular, que estuvo a poco de conseguir el umbral, se refirió a la rebaja del salario de los congresistas, pero hasta el momento se viene hablando de un congelamiento de los sueldos, que son dos cosas diferentes.

Estas, efectivamente, son el tipo de circunstancias que deberán consensuarse en un articulado preciso. Con al menos 10 proyectos de anticorrupción vigentes en el Congreso de la República, la Mesa Técnica tendrá que generar un acumulado legislativo que permita sortear la hermenéutica jurídica y lograr textos sin contradicciones.

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Elementos a erradicar

Pero de otra parte también están aquellos elementos institucionales que han servido de correa de transmisión a la corrupción en la política. Uno de ellos, verbigracia, la circunscripción nacional para el Senado, creada a partir de la Constitución de 1991.

Con ella no se ha hecho más que incrementar los costos de la política, puesto los senadores “nacionales” picotean en los diferentes departamentos para sumar a  la votación de su territorio de base y lograr clasificar a un escaño. Eso no solo ha sido perverso en la financiación política, sino que igualmente ha impedido la representación de al menos trece departamentos en el Senado, mientras que hay una representatividad exagerada de otras zonas del país.

El problema consiste en que cierta parte de aquellos votos no obedecen a las convicciones políticas de una representación clara, sino que surgen de la compra y venta de líderes zonales.

Otro aspecto institucional que debe ser removido de inmediato es el relativo a los llamados “cupos indicativos”, en los que los parlamentarios sugieren ciertas obras en el Plan Nacional de Desarrollo, con el presupuesto correspondiente, para derivar de allí canonjías y privilegios que son más bien fraudes velados y madriguera de las corruptelas.

Asimismo, está el tema vigente de la abolición de las contralorías y personerías departamentales y municipales, en las que la coyunda entre los políticos y los órganos de control se hace palpable en cada elección de los funcionarios respectivos.

 

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Propósito nacional

Frente a todo ello resulta, entonces, evidente que fue un acierto del presidente Duque, una vez ocurrida la consulta popular, haber tomado el toro por los cuernos y poner la anticorrupción como un propósito nacional.

Faltaba por formalizar el asunto, pero así venía dado en las encuestas y los sondeos en donde la corrupción comenzó a ser el problema principal para los colombianos.

De hecho, el consenso que nunca obtuvo la paz durante el gobierno anterior, sí se está logrando a partir de la voluntad presidencial. Una reunión como la del miércoles pasado, con la gran mayoría de líderes de los partidos y movimientos políticos, aunados en ese solo propósito, fue ciertamente lo que le faltó a la paz, que terminó dividiendo a los colombianos casi de manera irremediable.

Hoy, en efecto, el proceso de paz con las Farc pareciera quedar inscrito en tiempos muy pretéritos, mientras que cada día se disuelve por sí mismo a raíz de las circunstancias que se observan en los principales líderes de esa exguerrilla, en cabeza de alias ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’.

Lo importante, en todo caso, es que el presidente Duque, antes que mostrarse reacio a la consulta anticorrupción, se hizo partícipe de ella y una vez examinado el resultado, se dispuso a canalizar ese gran sentimiento popular a fin de aplicarlo rigurosamente dentro de las nuevas instituciones correspondientes.

Se vio allí, por ende, una clara manifestación de lo que podría ser el Pacto Nacional. Es muy posible, en esa dirección, que así ocurra con otros temas de gran impacto y que podrían resolverse por la vía de la concertación, con el objeto de conseguir consensos previos ante de presentar determinados proyectos de ley y acto legislativo al seno del Congreso.

Ese mecanismo de la concertación, inscrito en el Pacto Nacional, es el que podría ser determinante en estos cuatro años de gobierno. Una concertación a través de la cual se podrían evaluar y presentar las ingentes reformas que requiere el país en materia económica, pensional, ambiental, de justicia y de reorganización territorial.

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No se trataría, pues, solo de la Mesa Técnica Anticorrupción, sino de ampliar el horizonte a otros temas que exigen un procedimiento similar. La clave del proceso anticorrupción, aparte de dejar que los órganos de control y de justicia operen dentro de sus facultades, estará en presentar un solo texto legislativo que permita la expresión nítida del Congreso, explicando detenidamente los artículos conciliados de antemano y por qué y cómo se llegó a ese contenido.

Con esto, de otra parte, se le estaría dando expresión a la nueva política de acuerdo con la cual los consensos se logran a partir de los programas y de las convicciones, y no del tradicional ‘combustible’ presupuestal y burocrático para aceitar las maquinarias y dar curso a las relaciones anómalas entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Del mismo modo, la unidad nacional expresada como obligación constitucional en cabeza del Jefe de Estado, y no como simple formulación partidista, está tomando un curso positivo. El país, a no dudarlo, está harto con la polarización precedente y por descontado recibe con buenos ojos una mesa de unidad en la que los diferentes líderes se ven trabajando en un propósito, sintonizados con el pueblo.

Si bien en algunos otros aspectos al gobierno del presidente Duque se le ha visto tardo de iniciativa, en el tema anticorrupción, que toca las fibras más íntimas nacionales, se muestra orientado en la dirección correcta. De suyo, los proyectos anticorrupción concertados contarán con mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo, es decir que tendrán preeminencia en la agenda legislativa y el orden del día de las sesiones parlamentarias.

No será fácil, desde luego, esa concertación para llegar a un texto único o a una conciliación definitiva. Pero, sin duda, de ese esfuerzo una buena proporción de textos podrán salir avante con la aquiescencia parlamentaria.

Reto legislativo

En ese sentido, el Congreso de la República, en sus diferentes bancadas, sean ellas oficialistas, independientes u opositoras, tendrá que estar a la altura de las exigencias populares. Es evidentemente una oportunidad de oro para que el Parlamento salga del sótano de la impopularidad que lo ha venido afectando en las últimas cuatro décadas y ya no le es dable continuar de espaldas a la opinión pública. Desde luego, también tendrá que hacer gala de la mayor técnica legislativa, puesto que todos los planteamientos hechos para luchar contra la corrupción, en sus diferentes flancos institucionales, deben estar acordes con la Constitución.

En estos momentos, pues, el tema de la anticorrupción no podrá ser delegado por el presidente Duque, ya que se ha convertido en el timonel de ese propósito nacional que exige gran tacto, tino y una dedicación absoluta en procura de los buenos resultados.

Gracias a la consulta anticorrupción y la rápida actuación del Jefe de Estado el país ha dado un salto hacia la concertación, sin desdibujar los diferentes factores ideológicos, y ese es un nuevo aspecto de la democracia colombiana que bien vale tener muy en cuenta para consolidarlo.

 

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