SEGÚN EL último reporte del Ministerio de Defensa, en los primeros ocho meses de este año se denunciaron 107.180 agresiones, un incremento del 47% en delitos de violencia intrafamiliar en relación con los 72.091 casos reportados entre enero y agosto del año pasado.
A estas alarmantes cifras, se suma que durante todo el año 2023 se presentaron 119.478 casos. En este 2024, en apenas ocho meses, ya prácticamente se igualó esa incidencia. Es a partir de este preocupante contexto que EL NUEVO SIGLO habló con expertos en la materia para entender cómo en un país donde la legislación contra la violencia intrafamiliar se ha agravado de forma drástica en la última década, este delito, por lo menos a agosto de este año, esté creciendo en 47%.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostuvo que, en efecto, hay un incremento desbordado del delito de violencia intrafamiliar, que tiene como principal víctima a la mujer en más del 70% de los casos.
“Son revelaciones crónicas de una sociedad enferma que desafortunadamente desprecia el derecho de las mujeres y que las tiene como víctimas en vez de rodearlas de garantías para el ejercicio pleno de sus derechos”, afirmó.
A su turno, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia sostuvo que el aumento de las penas no tiene ninguna relación con que se disminuyan los niveles de comisión de un determinado delito, como la violencia intrafamiliar.
“Esta situación también obedece a que las personas denuncian, pero posteriormente termina recomponiéndose el núcleo familiar, no quieren continuar con la actuación y en Colombia desafortunadamente no hay una forma de parar estos procesos que supongan verdaderos procesos de justicia restaurativa”, explicó.
Por su parte, Sandra Milena Díaz Lara, abogada con maestría en derecho, Sociología y Política Criminal, y especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional, indicó que este fenómeno responde a una compleja combinación de factores sociales, económicos, culturales y psicológicos que afectan profundamente a la sociedad.
“Uno de los principales obstáculos para abordar este problema es el silencio de las víctimas. Muchas personas que sufren violencia intrafamiliar no denuncian los abusos por temor a represalias, desconfianza en el sistema judicial o dependencia económica del agresor. Esta falta de denuncias perpetúa el ciclo de violencia, en gran parte alimentado por la desigualdad estructural que afecta a vastos sectores de la población. Por otro lado, el sistema de justicia ha demostrado ser insuficiente para enfrentar adecuadamente este flagelo”, advirtió.
¿Qué se debe hacer?
El director de la Corporación Excelencia en la Justicia enfatizó que el Sistema Penal Acusatorio “es una sastrería para la impunidad con todos los delitos en su conjunto”.
“Es un sistema poroso en el cual se privilegian en exceso los derechos de los victimarios en contra de los derechos de las víctimas y por eso es un sistema penal que no ofrece barreras de contención para atajar debidamente el delito en todos los escenarios. Lo que hay que hacer es tener un sistema penal acusatorio eficiente en la lucha frente a esos delitos, de lo contrario, lo que vamos a tener es márgenes amplios de impunidad”, aseveró.
A su turno, Bernate señaló que, para prevenir y sancionar efectivamente el delito de violencia familiar, se deben fortalecer las Comisarías de Familia, así como todos los espacios de prevención.
Por último, la experta de la Universidad Nacional reiteró que el problema no radica en la falta de leyes, políticas públicas o procedimientos.
“Estos ya existen. Sin embargo, el aumento de penas no es necesariamente la solución más efectiva para combatir la violencia intrafamiliar. En muchos casos, el verdadero desafío es la falta de implementación efectiva de las leyes y la insuficiencia en la prevención. Es fundamental fortalecer la aplicación de las leyes mejorando la respuesta institucional y garantizando una protección adecuada para las víctimas. Aunque Colombia cuenta con leyes que penalizan la violencia intrafamiliar, su aplicación es a menudo ineficiente debido a factores como la corrupción, la falta de capacitación de las autoridades y la escasez de recursos en el sistema judicial”, concluyó.