La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) realizará pactos regionales para cumplir su misión, y el primero se suscribirá en el Meta, uno de los nueve departamentos del país donde se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia, junto con Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo.

La suscripción del Pacto en el Meta se realiza en alianza con el Alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las agencias de cooperación internacional, entidades estatales, regionales y locales, organizaciones de derechos humanos y las familias que han realizado una ardua labor de búsqueda de sus seres queridos.

El Meta es segundo departamento más afectado por la desaparición forzada.  Según el reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1958 y 2016, se registraron 8.724 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas. Durante los años 2000 al 2005, se observa un incremento de las desapariciones en esta región.

“La Ubpd está promoviendo una gran convergencia nacional y regional para que desde el lugar o rol que estemos realizando aportemos a la búsqueda colectiva que nos permite el Acuerdo de Paz. El departamento del Meta ocupa el 6.6% del total de desapariciones forzadas en Colombia, 10% de casos de reclutamiento y el 4% de los secuestros en el país, cifras aterradoras si se tiene en cuenta que en ese departamento habita el 2% de la población colombiana”, explicó Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la entidad.

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 120 mil personas desaparecidas. Una cifra que supera las desapariciones registradas en las dictaduras y conflictos de Latinoamérica, algunos de estos países son Argentina, Chile y Guatemala, que cuentan respectivamente con 30.000, 3.000 y 45.000 personas desaparecidas respectivamente.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, a la fecha han registrado 113.442 personas que continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9% son víctimas de desaparición forzada, el 20,7% fueron secuestradas y el 15,3% reclutadas de manera ilegal.