La voluntad de la justicia por continuar trabajando incluso de manera digital y la toma de medidas preservando el Estado de derecho, son aspectos ponderados al hacer un balance del trabajo de los tribunales durante la pandemia.

“La Rama Judicial está funcionando y los servidores judiciales se encuentran trabajando en sus procesos de manera remota o incluso con cierta asistencia restringida a sedes”, se lo precisó hace pocos días a EL NUEVO SIGLO la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina.

Pero quizás, el aspecto clave es que ya se han divisado los pasos para dar el salto tecnológico que demanda el momento. Remolina señaló que la institución que lidera “lleva trabajando de manera juiciosa desde hace más de un año, con apoyo técnico del Banco Mundial (BM), en el proyecto estructural de transformación digital de la Rama Judicial, que viene ligado al esperado expediente electrónico y los servicios digitales al servicio de la justicia”.

“La crisis provocada por la pandemia ha sido asumida por la justicia colombiana como una oportunidad para acelerar su transformación tecnológica en beneficio de los ciudadanos”, precisó.

En esa misma dirección, la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, ha estado en contacto con la Judicatura para proponer la creación de zonas de conectividad para la gestión de procesos judiciales, un trabajo que se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la par con la Consejería para la Transformación Digital del Estado.

En materia procesal, Cabello se refirió a las propuestas frente a los procesos de demandas, diligencias, horarios de atención, jornadas laborales y otros, siempre buscando garantizar la continuidad de la prestación del servicio, bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Cabello señaló que simultáneamente la Judicatura y la Cámara de Servicios Legales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) buscan ambientar nuevas medidas que permitan avanzar en los procesos judiciales.

“Estamos analizando propuestas para adoptar medidas que mejoren el acceso a la justicia en medio de la emergencia sanitaria, como modificaciones al Código General del Proceso, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en materia penal”, indicó.

Derechos

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, destacó en dialogo con este Diario que “algunas actuaciones, como por ejemplo las acciones de tutela, siguieron vigentes. Un recurso que se afinca mucho a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Además, muchos despachos judiciales han logrado implementar de manera artesanal, pero no por ello menos eficiente, recursos tecnológicos que han permitido realizar audiencias virtuales o recibir memoriales de las partes por esa misma vía”, expuso.

Según Herrera, “hay que también congratularse que los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de tiempo atrás tenían implementadas plataformas robustas que permitían las audiencias virtuales y que todos los escritos de las partes a los árbitros pudieran elevarse usando el correo electrónico. Ese punto también hay que resaltarlo, sobretodo porque por medio de la figura arbitral se tienden a resolver disputas de gran significación en materia de contratación pública y privada”.

También, el fundador del Colegio de Abogados Penalistas, Iván Cancino, le manifestó a este Medio que “hemos hecho bastantes audiencias. Yo creo que se ha trabajado al mismo ritmo. Lo que sí nos toca es tener una conciencia que la virtualidad puede ser una solución a muchas cosas. Y voy a poner un solo ejemplo. Muchas de las audiencias en el sistema penal se aplazan porque el juez no tiene sala. Con la virtualidad eso se resuelve, pues el juez tiene su sala propia, entra en una plataforma y hace la audiencia. Con esto se pueden hacer recursos de apelación, lecturas de sentencia, imputaciones. Ojalá aprendamos de esta experiencia para utilizar más la virtualidad y la digitalización de los expedientes”.

Cárceles

Cancino ponderó que “el Ministerio de Justicia sacó un decreto preocupándose por las personas privadas de la libertad y el Inpec sacó el Estado de emergencia sanitaria”.

Para la ministra Cabello, Colombia es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia del Covid-19 en las cárceles.

“La tenemos relativamente controlada. Solo registramos contagios en seis centros penitenciarios. Nuestra premisa es salvaguardar la vida, dignidad y bienestar de los privados de la libertad, y del personal de guardia y administrativo”, aseguró esta semana en un debate virtual de control político convocado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.

La Alta funcionaria manifestó que su Cartera, el Inpec y la Uspec trabajan de la mano con la Rama Judicial para hallar soluciones al problema penitenciario; a su vez explicó que gracias a la aplicación del Decreto 546, los privados de la libertad han bajado de 124.000 a 113.000 en los establecimientos de reclusión en el país.

Al tiempo, confirmó que se emitirá un decreto para ayudar a resolver el hacinamiento en URI y estaciones de policía. “Pedimos a los entes territoriales asumir sus responsabilidades con los sindicados porque nosotros no podemos hacerlo. Ya estamos trabajando coordinadamente con muchos alcaldes para reducir el hacinamiento y mejorar en temas de resocialización”, señaló.

Pero además anunció que “pronto entregaremos un nuevo Plan de Política Criminal, cuya consigna es no estimular el populismo punitivo”.

Democracia

“El Gobierno ha mantenido la democracia”, consideró Herrera, “pues por medio de los decretos expedidos no solo se ha garantizado la salud pública, sino el funcionamiento de otras ramas del poder público, como por ejemplo, lo sucedido con el decreto que le está permitiendo al Congreso sesionar de manera virtual. Además, porque en el caso de nuestra democracia tienen el control de la Corte Constitucional y el Gobierno los ha estado remitiendo”.

En este punto, el abogado Cancino aseguró que el país “ha sido un ejemplo en el respeto de la democracia. Tanto los mandatarios locales, como los gobernadores, como el Presidente de la República han usado a sus asesores de una manera correcta”.