En el último año se produjeron cuatro iniciativas de referendo en diferentes tópicos; sin embargo, el único que sigue en pie es uno que aboga por incluir en la Constitución la protección a los campesinos. Los demás no se concretaron por distintas razones en su trámite, ratificando que es uno de los mecanismos de participación ciudadana más complejos de llevar a cabo. 

Esto se sumó a las dificultades que se presentaron en esta oportunidad, debido a las restricciones por la pandemia para recopilar las firmas de apoyo que exige la ley a iniciativas de referendo, como uno de los requisitos para llegar a las urnas.

El 23 de noviembre pasado, el senador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, radicó en la Registraduría Nacional una propuesta de referendo “campesino” que pretende dignificar la condición de los trabajadores y habitantes del campo.

La pregunta fundamental para la ciudadanía es “si está de acuerdo con que el campesinado sea reconocido como sujeto de protección constitucional”. Dicha protección le significaría tener insumos mucho más económicos, acceso a las semillas nativas, un ingreso básico y una educación con enfoque campesino, entre otros beneficios.

El trámite inicial consistió en la inscripción del comité promotor, la exposición de motivos y las ocho preguntas que modificarían siete artículos de la Constitución y crearían uno en beneficio del campesinado colombiano.

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Impulsan este referendo, además del senador Londoño y otros precandidatos presidenciales de los verdes, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), empezando por su presidente Luis Alejandro Jiménez y sus líderes regionales Julialba Ángel, exdecana de Ciencias Agrarias y vicerrectora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.

Próxima a cumplir un año de ser inscrita ante la Registraduría Nacional, EL NUEVO SIGLO le preguntó al senador Londoño qué ha pasado con esta iniciativa.

“Ahí seguimos en la recolección de firmas,  tenemos plazo hasta el 20 de noviembre pero no ha sido fácil en pandemia recoger firmas, es muy difícil, la gente es muy esquiva, pero ahí vamos", explicó Londoño.

La ley establece un plazo de seis meses para que el comité promotor del referendo entregue a la Registraduría Nacional  las firmas de respaldo a la iniciativa, equivalentes al 5% del censo electoral, que actualmente es de 38.636.035 personas. Por lo que el número mínimo de rúbricas que debe certificar en el actual momento este organismo para validar la convocatoria al referendo es de 1.931.801.

En el caso del comité promotor del referendo campesino ya se les venció el plazo; sin embargo, el senador Londoño explicó que "en principio son seis meses pero a nosotros nos lo ampliaron precisamente por el aislamiento social".

El parlamentario dijo que "necesitamos para tener un margen de seguridad alrededor de 2.500.000 firmas, pero son 1.950.000 más o menos".

Agregó que el comité promotor de este referendo no ha hecho el arqueo del número de firmas que tienen hasta el momento, "lo vamos a hacer a final de octubre para ya empezar la revisión y mirar si sí alcanzamos o no alcanzamos".

Revocatoria presidencial

No fructificó la iniciativa de referendo que buscaba que la revocatoria de mandato, hoy prevista para gobernadores y alcaldes, también cobijara al Presidente de la República. Es decir, dar la posibilidad al pueblo de que así como elige a la persona que ocupa la Casa de Nariño, pueda dar por terminado su mandato si no cumple el plan de gobierno o hay inconformidad general con su gestión.

Sin embargo, en abril pasado el senador Roy Barreras, en su calidad de vocero del comité promotor, indicó que desistían de la idea del referendo debido a las demoras que se presentaron por parte de la Registraduría Nacional para entregarles los respectivos formularios de recolección de firmas de apoyo a la iniciativa.

Hay que recordar que en febrero pasado, la Registraduría Nacional suspendió la entrega de formularios de recolección de firmas, no solo para el tema de los referendos sino también a los comités que promovían la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, esto hasta que el Ministerio de Salud entregara un concepto sobre la forma como se podía adelantar este proceso con las debidas medidas de seguridad para que no se convirtiera en un nuevo foco de contagio de covid-19.

Finalmente en abril pasado, la Registraduría volvió a entregar dicho formulario a los comités promotores, después de que el Ministerio de Salud hiciera precisiones acerca de las medidas de bioseguridad que es necesario tener en cuenta para la recolección de firmas.

"Solo hasta el pasado 16 de abril se hizo la entrega del formulario de recolección de apoyos, luego de haberse perdido tiempo valioso para el trámite de esta iniciativa que constituye un mecanismo pacífico de protesta", señaló en esa oportunidad en un comunicado el comité promotor de este referendo.

Otras iniciativas 

En abril pasado, en medio de la discusión por las medidas que podría tomar el Gobierno para financiar el gasto social que ha demandado las consecuencias de la pandemia, el expresidente Álvaro Uribe insistió en el referendo que viene planteando desde el año pasado, que tiene como principal gancho la reducción del Congreso y un apretón al gasto público.

“Comprendemos la necesidad de frenar gastos de nómina directa y de personas contratistas del Estado, de eliminar cargos y entidades innecesarias, y de fusionar muchas. Gastemos menos en el Estado burocrático para avanzar en el Estado social”, indicó Uribe en esa oportunidad, anotando que “una política de austeridad debe incluir ejemplos como la disminución del salario del Congreso y la reducción de curules”.

Además del tema de la austeridad, a través de la reducción del tamaño del Estado el pretendido referendo estaba enfocado en reformar la justicia, mediante propuestas como la creación de una o dos altas cortes en el país, resaltando que los magistrados serían mayores de 55 años y tendrían que cumplir 12 años en el cargo tras ser elegidos por parte del Senado.

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Acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente Uribe ha propuesto buscar la manera de derogarla o reformarla, para que sus decisiones pasen a la justicia ordinaria.

Adicionalmente, planteó que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan ocupar curules en el Congreso ni otro cargo de elección popular en el país.

Sin embargo, este referendo no pasó de ser una iniciativa pues no se hizo la solicitud de inscripción ante la Registraduría.

Tampoco llegó a puerto una iniciativa de organizaciones políticas cristianas, católicas y laicas agrupadas en el Partido Colombia Justa Libres para un referendo que establezca la obligación de los gobernadores de los 32 departamentos de tomar decisiones administrativas respetando el concepto de familia.

“Vamos a hacer uso de un mecanismo que nos da la Constitución y la ley, como es la participación ciudadana. Nos estamos uniendo e invitando a todos los colombianos para que exijamos a todo pulmón que primero la familia”, explicó en esa oportunidad el excongresista Ricardo Arias, directivo de Colombia Justa Libres.