A un poco más de dos meses para las elecciones, las ONG y los organismos de control encienden las alarmas para evitar que en estos comicios se cometan las irregularidades que se han consumado en los anteriores

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Varias alarmas se han prendido a poco más de dos meses de las elecciones regionales.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), “de los 13.614 candidatos elegidos en 2015 para ocupar cargos públicos en gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, 913 recibieron 1.220 sanciones; es decir, el 6,7% de los candidatos” fue sancionado al menos una vez.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que “a pesar de que existen mecanismos como la ventanilla única, que proporcionan información sobre los antecedentes y que los procesos de entrega de avales pueden resultar de meses de negociaciones y análisis, los partidos políticos anteponen la posibilidad del éxito electoral momentáneo sobre la estabilidad, la gobernanza y el desarrollo de los municipios. Por esta irresponsabilidad es que, por ejemplo, desde 2015 hemos tenido 24 costosas elecciones atípicas que habrían podido evitarse”.

El estudio de la MOE, además, encontró un total de 843 funcionarios elegidos en 2015 que han tenido al menos una sanción disciplinaria, 79 con sanciones fiscales y 45 con causas penales.

Cabe anotar que la sumatoria da un total de 960, debido a que 45 autoridades locales cometieron más de un tipo de falta.

Por tipo de sanción la MOE encontró 1.074 sanciones por causas disciplinarias (88%), 96 fueron por faltas fiscales (7,9%) y 50 por causas penales (4,1%).

Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la MOE, le señaló a este Diario que “la MOE concluye, según los datos, que los partidos están avalando personas que vienen con sanciones encima, sanciones penales, fiscales y disciplinarias. Este es un llamado que queremos hacer sobre la calidad de los candidatos que se presentan. Por otro lado hay que aclarar que los entes de control y la ciudadanía deben estar pendientes, pues como ciudadanos no deberíamos elegir a personas con un pasado judicial porque eso podría conllevar a que vuelvan a recaer en alguna sanción”.

El estudio de la MOE además indagó sobre qué tantas sanciones tenían los candidatos antes de ser elegidos en 2015 y de los cuales, presuntamente, los partidos políticos ya tenían alguna información. “En este aspecto encontró que un año antes de las elecciones de autoridades locales de 2015 ya se tenían 579 funcionarios con algún tipo de sanción, de los cuales 704 eran sanciones disciplinarias, 74 fiscales y 27 penales”, expuso el estudio.

“Se encontró que los partidos políticos ya tenían información a la hora de avalar a candidatos en 579 casos. Esto es grave pues las sanciones encontradas en este periodo son el 66% del total de las faltas encontradas en toda la investigación. A esto hay que sumar que 50 funcionarios más fueron sancionados en pleno proceso electoral de 2015, lo que nos muestra un panorama de irresponsabilidad y falta de criterios objetivos y transparentes a la hora de otorgar avales”, afirmó Barrios.

Inhabilitados

La Procuraduría General de la Nación presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe que indica que 694 de los 117.822 aspirantes a cargos de elección popular estarían inhabilitados. Lo que implica un 0,59% de quienes se presentaron.

Según el Ministerio Público la mayor cantidad de inhabilitados se presentaron para concejos con 602 candidatos, seguido de 20 candidatos a alcaldías, 11 a diputados, 15 a ediles y 46 a JAL. Cabe anotar que a diferencia de las elecciones de 2015, la Procuraduría no encontró ningún candidato inhabilitado para las gobernaciones.

El ente de control sostuvo que Antioquia encabeza la lista de inhabilitados con 75, seguido de Cundinamarca con 72 y Valle del Cauca con 52. Santander, Cesar, Norte de Santander y Huila, continúan en el escalafón. Así mismo la Procuraduría destacó que el partido con más candidatos inhabilitados en estas elecciones es el Conservador con 113, seguido de Colombia Renaciente con 66, el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) con 64 y La U con el mismo número.

La Procuraduría le advierte al CNE que debe realizar la evaluación de los 694 posibles inhabilitados en un tiempo record pues quedan menos de tres meses para las elecciones. El CNE designó a ocho magistrados para la investigación.

Este Medio habló con el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, quien sostuvo que el CNE tomó las listas de la Procuraduría y repartió entre ocho magistrados los procesos. “Nosotros debemos antes de las elecciones tener un resultado. Este no es un asunto opcional. Lo que no podemos permitir es que personas eventualmente inhabilitadas sean elegidas y después vengan las connotaciones administrativas para los candidatos o los casos de sanción a los partidos que puede ser económica o que puede terminar incluso con la personería jurídica”, advirtió.

Según el togado, “es posible que haya inhabilidades que no fueron reportadas y que sean sobrevinientes después de la elección. El partido inscribió el candidato bajo unos presupuestos y la inhabilidad surgiría con posterioridad. Entonces en cada caso se debe hacer una valoración”.

Gutiérrez aseguró que los riesgos en esta elección “son los mismos de cada cuatro años. Todas las conductas que comprometan la libertad del elector o que puedan romper la igualdad, o que restrinjan la posibilidad de que la expresión generalizada en el proceso de votación corresponda a la realidad. Es decir, compra de votos, coacción, jurados de votación que eventualmente metan la mano en el escrutinio alteración de documentación electoral por terceros, todo eso puede comprometer una elección. Nuestra idea es minimizar esos riesgos y que los datos corresponda a lo que los ciudadanos manifestaron en las urnas”.

Y agregó que esa no es solo la responsabilidad del CNE, sino de “todas las autoridades del Estado: Contraloría verificando que no entren recursos públicos en campañas, Procuraduría verificando que los funcionarios públicos no terminen apoyando candidaturas, la Policía verificando que no haya violencia contra los electores, la Fiscalía cuidando que no se cometan delitos electorales que puedan comprometer la elección. Esta es una labor de Estado y la razón de esto es que la elección legitima el poder político, ahí se soporta nuestro sistema democrático, por eso nuestra política de Estado debe ser garantizar las elecciones”.

Alertas en financiación

Transparencia por Colombia también se sumó a las alertas emitidas por otras organizaciones.

Para esta ONG hay 22 alertas o comportamientos que se han presentado en otras elecciones sobre financiamiento de campañas que las autoridades deben observar con lupa para que no vuelvan a suceder. Entre las alarmas prendidas están: el financiamiento de campañas por parte de servidores públicos; la entrada de dineros ilícitos y la financiación por parte de empresas; y las llamadas coimas que se hicieron famosas por el caso Odebrecht.

Sandra Martínez, líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia, le aseguró a este Diario que “el seguimiento que hemos hecho está relacionado a la financiación de las campañas. Los riesgos que se presentan en procesos electorales anteriores y para esta elección son latentes, por llamarlos de alguna manera. Algunos están relacionados por la forma en que se gestionan los recursos y otros están inmersos en los mecanismos, procesos o procedimientos establecidos”.

Según dijo, Colombia permite una financiación mixta de campañas políticas, “pero el riesgo más grande que encontramos es que en la práctica las campañas se financian casi que en su totalidad con recursos privados, siendo fuertes los recursos de los candidatos o familiares, y aportes, donaciones o créditos de personas naturales y jurídicas. Lo que decimos es que hay varios riesgos. Determinar la legitimidad de ese recurso propio no es fácil. Además que se financien con su propio patrimonio puede poner en riesgo su futuro económico. Y la pregunta real es cuál es la motivación para arriesgar el patrimonio. Hay muchos candidatos dispuestos a financiar casi la totalidad de la campaña con sus propios recursos”.

Martínez aseguró que pese a que se ha insistido para que la financiación de las campañas sea estatal, “hoy en día el dinero de las campañas se hace a través de la reposición de gastos, es decir después de la campaña. Pero el deber ser es que el recurso llegue antes, para que el candidato no acuda a fuentes privadas con tanto peso”.

Además, indicó que con las fuentes legítimas de financiación se corre el riesgo de que “la entrega no sea desinteresada. Entonces puede haber un conflicto de interés, por lo que pedimos a las autoridades transparentar a los privados para que esa plata que entra no termine buscando conseguir un trato beneficioso o expectativa de retorno después de elegido el candidato”.

Financiación pública ilegal

La Contraloría General de la República publicó otro informe en el que indica que Bolívar, Boyacá, Cesar, Putumayo y Sucre están en riesgo alto de que los dineros públicos terminen beneficiando campañas políticas.

En la misma situación se encuentran 253 municipios de distintas categorías.

Las categorías evaluadas por el organismo de control fueron la contratación directa, la proporción del mayor contratista con respecto del total de la contratación, el exceso de recursos que puedan superar el límite de gastos y la existencia de acuerdos de reestructuración, entre otros. Uno de los rubros que más llamó la atención de los investigadores fue la contratación con entidades sin ánimo de lucro que figuran en la lista.

Tres riesgos

Según el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en estas elecciones hay tres riesgos: “Uno de violencia política. Casi 90 hechos con más de 130 víctimas; un riesgo de infiltración de recursos del narcotráfico; y un riesgo de utilización de recursos públicos en campaña. Las autoridades están tomando medidas para cuidar la democracia, cuidar las urnas y todo eso que hacía las Farc, pero para estos temas las acciones son muy pocas”.

A su turno, el director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, Yann Basset, sostiene que “en estas elecciones se ve el mismo panorama que hace cuatro años. Hay riesgos por trashumancia, por constreñimiento al elector, compra de votos y desde ese punto de vista las elecciones no son particulares. El Estado ha hecho algunos esfuerzos pero sin una reforma del Código Electoral, entre otras cosas, va a ser muy complicado una solución a esos temas”.