“El compromiso de este gobierno es poder hacer esta prórroga de forma responsable para cumplirles a las víctimas del país”, subrayó ayer Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Victimas.

La declaración la dio durante una audiencia pública realizada en la Comisión Primera de la Cámara, en la que se discutió sobre una iniciativa que busca prorrogar la vigencia de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene un plazo de 10 años, que se vencen en 2021.

Rodríguez afirmó que “en todos los talleres Construyendo País las víctimas piden el pago de las indemnizaciones, pero también la prórroga. Yo que he estado en todos los talleres, puedo decir que en un 95% la solicitud es la prórroga. Por eso el Presidente se ha manifestado diciendo que vamos a hacerlo y plasmado en esa responsabilidad estuvo en las bases del Plan de Desarrollo”.

El funcionario señaló que actualmente se está haciendo un informe sobre la ejecución de la norma. “Tenemos como plazo el mes de febrero para estar entregando este estudio. Revisamos todos los componentes, salud, vivienda, generación de ingresos”, dijo.

El funcionario expresó que “la indemnización es una medida costosa. Por eso pedimos el apoyo al Congreso cuando se haga el proceso de establecer el tiempo de la prórroga para también contar con los recursos. Este estudio es fundamental, tenemos que jugar con dos variables, tiempo y presupuesto. A medida de que tengamos presupuesto vamos a tener menor tiempo para el proceso de implementación, pero si el presupuesto no es suficiente tendremos que prorrogarla por muchos años para responderle a las víctimas”.

Francisco José Chaux, viceministro del Interior, remarcó que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se estableció el informe sobre la ley. “El Presidente ha sido claro en construir la legalidad en un marco de respeto a la legalidad. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se estableció una obligación de presentar un informe sobre la ejecución, sobre el cumplimiento, sobre lo que se puede mejorar y lo que es necesario que no continúe”, dijo.

“Existe la necesidad de revisión de esta ley y esta debe realizarse desde un punto de vista técnico. No le corresponde al órgano político que es quien les está hablando sino que le corresponde a órganos técnicos que están cumpliendo la ley, como el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, Hacienda, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Reparación para las Víctimas”, expresó.

“Todo esto hay que hacerlo en el marco del conocimiento del ordenamiento jurídico para ver qué podemos mejorar, no prorrogar por prorrogar en un marco de responsabilidad fiscal. El Presidente ha sido muy claro, queremos cumplirles a las víctimas de Colombia en respeto a la Constitución, en respeto a los derechos”, dijo Chaux.

El funcionario señaló, además en relación con el proyecto de ley que “es necesario que el Congreso valore que hay una demanda de inconstitucionalidad en la Corte sobre la vigencia de la ley. Entonces quizás estamos legislando para algo sobre la Corte se va a pronunciar. Valoremos si es prudente iniciar un trámite legislativo para que la Corte se pronuncie sobre algo que después no se va poder prorrogar”.

Marco Romero, de la organización Codhes, afirmó que es necesaria la prórroga de la norma.  “La pregunta es si vamos a dar un paso regresivo o vamos a mantener los derechos que las víctimas han conquistado. Señores del gobierno, les he escuchado con mucha preocupación la idea de que están estudiando la ley de victimas para ver qué es lo hay que recortarle y qué es lo que queda. El único criterio de la Corte Constitucional sobre las victimas de Colombia es que el principio para ver si esta ley puede continuar o no es si se ha cumplido en términos del goce efectivo de los derechos de las víctimas y estamos hablando de tres instrumentos normativos. No solo estamos hablando de la Ley 1448 de 2011 sino del decreto ley sobre las victimas indígenas y el decreto ley de victimas afrodescendientes y ROM, que también tienen unos plazos fatales que no debieron incluirse en la norma”, dijo.  

“De cara a la evaluación de la implementación del acuerdo de paz se indica claramente que el Congreso de la República debe prorrogar esta ley de víctimas. El dilema no puede ser tiempos o derechos”, subrayó.