Conflictos de interés solo se declararán hasta segundo grado de consanguinidad

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Con 128 votos a favor y 25 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca regular los conflictos de interés para los congresistas, una de las iniciativas de la consulta anticorrupción de 2018.

La discusión había sido aplazada la semana pasada luego de más de cinco horas de duro debate con fuertes acusaciones.

La polémica se centró en el artículo 2 de la iniciativa, que finalmente fue aprobado. Contempla que a la Secretaría General de cada una de las cámaras los congresistas llevarán un libro de registro de intereses y consignarán la información relacionada con la actividad privada de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

Parlamentarios de la oposición señalaban que era necesario que este registro se hiciera obligatorio a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

El ponente, Representante por Bogotá, Gabriel Santos del Centro Democrático, destacó la aprobación de la iniciativa y agradeció “por la generosidad y la paciencia a la señora Ministra del Interior y muy especialmente al viceministro quienes nos acompañaron”.

En el libro de registro, que será sistematizado, se debe incluir, actividades económicas, incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera. Cualquier vinculación en cargos o empleos públicos o privados, actuales o en el año inmediatamente anterior a su elección. Adicionalmente, cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en los entes descritos en literales anteriores; actuales o en el año inmediatamente anterior a su elección. Pertenencia y participación en otras juntas o consejos directivos, públicos y privados actuales, o en el año inmediatamente anterior a su elección.

La representante por Bogotá Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, calificó el texto aprobado como una victoria “pírrica”. “Este es un proyecto que venía de la mesa anticorrupción y que buscaba registrar de manera pública los intereses económicos no solo de los congresistas sino de sus familiares y de su cónyuge, sin embargo, en el curso de la discusión el proyecto bajó el nivel de grados de consanguinidad, por los cuales se tiene que declarar impedido un congresista, que hoy es hasta cuarto grado de consanguinidad, incluyendo a primos y a tíos, y lo bajó hasta el segundo grado de consanguinidad con lo cual un congresista podría perfectamente votar un proyecto para beneficiar a sus tíos y sobrinos sin que por ello tenga que declararse impedido o que se genere un conflicto de interés”, afirmó.

Y agregó: “Más grave aún el texto finalmente aprobado hace que los congresistas pueden beneficiar de manera directa a sus financiadores y ello no les generaría un conflicto de interés. Si bien el proyecto avanza en que haya un registro de algunos familiares, al menos hay una avance que al menos haya un registro, en conjunto, sin embargo, creemos que el costo de reducir los impedimentos es tan alto que lo que se gana con el registro de intereses es una victoria pírrica”.

Varios parlamentarios señalaron que en la propuesta inicialmente radicada, por la mesa anticorrupción, estaba consagrado que el registro era hasta segundo grado de consanguinidad.  “El proyecto inicial que firmó la mesa anticorrupción tiene segundo grado de consanguinidad. Yo hice parte de las comisiones primeras conjuntas y ahí se aprobó a segundo grado de consanguinidad. La subcomisión de la que hizo parte la doctora Juanita aprobó en tercer grado. Y hoy una comisión ampliada con representación de todos los partidos políticos volvió a aprobar que sea segundo grado de consanguinidad. No podemos pretender poner a todos los familiares en la picota pública para satisfacer los intereses de un solo congresista. Segundo grado de consanguinidad es suficiente, segundo grado de consanguinidad fue aprobado por usted y segundo grado lo aprobamos aquí”, dijo el representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical.

El proyecto, que ahora deberá ser conciliado y aprobado por las plenarias de las dos cámaras, también contempla otras disposiciones como que en la exposición de motivos el ponente del proyecto indique qué circunstancias podrían generar conflicto de intereses y así brindar una guía para que otros congresistas tomen la decisión.