La plenaria del Senado de la República tiene previsto hoy votar los últimos artículos que restan por este trámite del proyecto que presentó el fiscal general saliente Néstor Humberto Martínez por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción.
Al final de esta legislatura sería la primera iniciativa del paquete anticorrupción que saldría avante. Hace unos días fue aprobada la mayor parte del articulado y se espera que ahora los impedimentos no vuelvan a hacer su ‘agosto’.
La semana anterior la iniciativa no se alcanzó a aprobar en su cuarto y último debate porque se presentaron más de 30 impedimentos. Para agilizar el trámite se tuvo que designar una comisión para que analizara los argumentos de los senadores.
La Plenaria del Senado decidió aprobar 35 artículos que no tenían ninguna proposición con una votación de 53 votos a favor y ninguno en contra.
Sin embargo, el senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió que en el bloque aprobado se deben revisar las normas “para que la tarifa punitiva frente al bien jurídico tutelado sea consecuente con el ordenamiento jurídico colombiano”.
A su turno, el senador de Cambio Radical, Germán Varón, aseguró que se aprobaron aumentos de penas en los delitos de concusión y cohecho que superan el monto de 100 salarios mínimos. “No es lo mismo quien como funcionario público comete un cohecho o concusión por $50 millones y una persona que roba millones de dólares. Los dos no pueden tener la misma pena. Se tiene que incrementar esta pena de manera significativa para las personas que roban grandes cantidades de dinero, hasta 25 años es lo que contempla esta reforma”, explicó.
De la misma manera, el congresista ponente de la iniciativa sostuvo que se aprobó la prohibición para que “los miembros de cualquier corporación pública puedan gestionar contratos para sus donantes; la inhabilidad actualmente solo aplica para los cargos uninominales, ahora se amplía para todas las corporaciones incluyendo el Congreso”.
El punto 2 de la consulta anticorrupción, que buscaba cárcel para los corruptos y prohibición de contratación con el Estado, está adherido al proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre esa materia.
Otros proyectos anticorrupción que siguen en carrera para ser aprobados son la iniciativa que obliga a hacer pública la declaración de renta a los funcionarios. Así mismo, el proyecto de ley que modifica el Artículo 4 de la Ley de Infraestructura, que obliga al Estado a adoptar pliegos de contratación estandarizados.
Un proyecto al que se le ha puesto especial atención es aquel que permite la participación activa de los ciudadanos en las decisiones que toma el Estado. El proyecto pasó primer debate y está pendiente de ponencia en segundo debate.
Otros proyectos
Varias de esas iniciativas hacen parte del paquete concertado por partidos y Ejecutivo en las mesas técnicas que se conformaron tras la consulta anticorrupción del año pasado que, aunque no superó el umbral, logró 11.674.951 votos.
No obstante, varios de estos proyectos están quedados en su trámite, como el presentado por la Contraloría que busca fortalecer las herramientas de seguimiento fiscal que tiene el Estado. En últimas, que quienes atentan contra el patrimonio devuelvan el dinero hurtado. La iniciativa no ha sido discutida y está pendiente de ponencia en primer debate.
Seguido está el proyecto de ley presentado por Cambio Radical que busca definir las entidades encargadas de la transparencia en el país y les da más herramientas para luchar contra aquellos que afectan el patrimonio público. Esta iniciativa aún no tiene ponencia.
El proyecto del Centro Democrático que busca que los funcionarios públicos reporten ante la Contraloría cualquier gestión que realicen directamente o a través de un tercero, ante los gobiernos nacional, departamental o municipal para asignación de recursos para los proyectos de inversión, aún no ha sido discutido y espera la aprobación de su ponencia que ya fue radicada.
En la misma situación se encuentra el proyecto de ley que “regula el cabildeo y se establece el Registro Público de Cabilderos”.
La iniciativa que busca cambiar el Artículo 20 de la Ley de Contratación, en la que se incluyó la responsabilidad del Estado para responder por todos los costos financieros, incluyendo multas, de las empresas que corruptamente se ganan una licitación y a quienes les quitan el contrato, no le fue asignado ni si quiera ponente.