El próximo mes en reunión de bancada, el partido Alianza Verde hará un balance de la suerte que corrió en el Congreso el paquete de proyectos de ley que recogieron los siete puntos de la consulta anticorrupción, con el fin de determinar en cuáles de los que no salieron adelante insistirían a partir del 20 de julio próximo, en lo que corresponde a la tercera legislatura.

Incluso se analizará si hay la necesidad de presentar reformas a iniciativas que fueron aprobadas y que ya son leyes, como la 2014, sancionada el pasado 30 diciembre por el presidente Iván Duque, que tiene que ver con suprimir beneficios a personas condenadas por corrupción en donde estén comprometidos recursos públicos.

En este sentido la consulta anticorrupción que fue impulsada por el partido Alianza Verde y que llegó a las urnas en agosto de 2018 en su segunda pregunta señalaba “¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial?”.

Sin embargo, la Ley la 2014 de 2019, tras las transformaciones que le hizo el Congreso al proyecto de ley en esta materia, estableció que “la ejecución de la pena privativa de libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena”.

El representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Andrés Toro, del partido Alianza Verde, le indicó a EL NUEVO SIGLO que “vamos a tener en la primera semana de febrero una reunión de la bancada parlamentaria del Partido Verde para definir cuál va a ser el proceso para poder presentar los que se hundieron por tiempos o que fueron negados, y si es necesario la modificación a aquellos que aprobaron con ‘micos’ que consideramos son un saludo a la bandera”.

Agregó el Parlamentario que la colectividad está “planteando en su estrategia para presentar en julio porque si presentamos ahoritica (marzo próximo), corremos el riesgo de que por tiempos se caiga”.

Toro Orjuela anotó que otro elemento a tener en cuenta en los pendientes que hay del paquete legislativo contra la corrupción es que “estamos esperando la mesa técnica anticorrupción que el Presidente de la República convocó en su momento cuando la consulta, si va a operar o no. El Presidente debería convocar a una reunión para hacer un análisis profundo de qué ha pasado con los proyectos y finalmente cómo los vamos a seguir impulsando”.

Agregó que “lo que pasa es que el Partido Verde tiene mucha desconfianza de esa mesa que se convocó en su momento porque los acuerdos a los que se llegaron muchos de ellos no se cumplieron. Uno de ellos, que es el que más nos ha incomodado, que fue el primer punto de las promesas del Presidente, dicho en varias oportunidades, era darles un mensaje de urgencia y estos proyectos como se sabe nunca tuvieron ese mensaje de urgencia. Entonces eso hizo que se cayeran y otros se archivaran por tiempos”.

Añadió el parlamentario verde que también se había quedado en dicha mesa técnica, en la que participó el Ejecutivo y distintos partidos, “que se hacía un proyecto de ley que contenía todos los puntos para evitar esta dispersión y atomización que estamos viviendo. Eso podría perfectamente caber dentro de un solo proyecto de ley, máximo dos en algunos casos después de un análisis jurídico. Pero ellos lo que hicieron fueron presentar proyectos segmentados, y eso generó el desorden que hoy uno no sabe cuáles sí pasaron, cómo pasaron, cuáles están por debajo, y cuáles están por sanción”.

Estado de la agenda

De los siete puntos de la consulta anticorrupción se hundió la iniciativa para reducir el salario de los congresistas; en cuanto a la contratación transparente y obligatoria en todo el país fueron aprobados por el Congreso los pliegos tipo.

Mientras que también se hundió la propuesta de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios; también se aprobó que los congresistas rindan cuentas de su asistencia y gestión. No obstante se eliminó el deber de publicar el voto.

De igual forma el Parlamento aprobó que los elegidos por voto popular hagan pública la declaración de renta, al igual que manifiesten sus conflictos de intereses; en tanto que se hundió la iniciativa para limitar a tres los periodos en las corporaciones públicas.