UNA ADVERTENCIA sobre el incremento de aquellos eventos que podrían generar desplazamientos forzados masivos en Colombia hizo ayer el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

“Desde el primero de enero hasta la fecha registramos 73 eventos de riesgo de desplazamiento, lo que representa un importante aumento, pues en el mismo periodo del año anterior evidenciamos 43 eventos de riesgo del fenómeno. Y lo que es más preocupante, hemos registrado más de 35 eventos de desplazamiento masivo que han afectado a cerca de 12.000 personas en todo el territorio nacional”, indicó.

No obstante, destacó que con la emisión de las Alertas Tempranas han logrado prevenir centenares de hechos que propician los desplazamientos.

“Y nuestro sistema de Alertas Tempranas, ahora mismo, de acuerdo con el monitoreo permanente hecho en los territorios, nos alerta sobre eventos de riesgo de desplazamientos forzados”, manifestó.

El fenómeno no cesa porque el conflicto armado interno ha sido el escenario para que los grupos armados al margen de la ley sigan haciendo de las suyas, recalcó el defensor en el evento sobre los 20 años de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, llevado a cabo en la Universidad de los Andes: “No ha parado, se resiste, arrecia. Las estructuras armadas al margen de la ley, en medio de las hostilidades por el control territorial y social, aprovecharon el cese al fuego bilateral para expandirse. Ello está generando graves afectaciones a la población y, principalmente, desplazamientos y confinamientos masivos, de manera particular en el Pacífico colombiano”.

Por consiguiente, les extendió un llamado al Gobierno y a las fuerzas de seguridad del Estado: “Es imperativo un trabajo conjunto con las entidades del orden territorial, pues el principal fin tiene que radicar en la protección de la población civil, de sus derechos a la vida, la seguridad, la libre movilidad, entre otros”.

El defensor también se refirió a la importancia de la Sentencia T-025 de 2004, la cual marcó un antes y un después en la lucha por los derechos fundamentales en el país, fallo que no solo ha visibilizado la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado, sino que también ha sentado las bases para una respuesta estatal integral y efectiva a esta problemática.

“A pesar de los progresos alcanzados, la realidad nos muestra que todavía hay miles de colombianos que viven en condiciones de desplazamiento, enfrentando diariamente desafíos y violaciones a sus derechos. Debemos garantizar que las políticas públicas sean responsables, que no se tomen decisiones apresuradas y sin condiciones que afecten la seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, que se trate de decisiones y políticas inclusivas, participativas y sensibles a las necesidades y derechos de las personas desplazadas”, indicó.