SIGUE EL Congreso con la lupa puesta sobre lo problemática que ha resultado la licitación para el suministro de pasaportes, mañana la Comisión Segunda del Senado tiene citado a un debate de control político al canciller encargado, Luis Murillo, después de que la semana anterior hiciera lo propio la Comisión Segunda de la Cámara.
En esta oportunidad el debate fue citado por los senadores Lidio García Turbay, Partido Liberal, y Oscar Giraldo Hernández, Partido Conservador.
En estos momentos reina la confusión sobre lo que sucede con esta licitación porque tras una primera que declaró desierta en septiembre pasado el canciller Álvaro Leyva, aduciendo falencias en el proceso, una segunda que abrió la Cancillería fue adjudicada a la firma Thomas Greg & Sons por el entonces secretario del Ministerio, José Antonio Salazar, pero por esto fue declarado insubsistente.
Murillo dijo que Salazar tomó esa decisión de forma inconsulta y contra el querer del canciller Leyva, quien está suspendido por tres meses por la Procuraduría por la primera licitación que declaró desierta, y por ello no reconocen dicha adjudicación y buscan fórmulas jurídicas para reversarla.
En tanto que Thomas Greg & Sons da por hecho que la Cancillería le adjudicó el contrato de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos. En una comunicación que dirigió la semana pasada al canciller (e) Murillo, urge que suscriban el respectivo contrato.
"Teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiere hecho manifestación alguna”, señalan en la misiva suscrita por Ana María Gómez, obrando como representante legal de la UT Pasaportes 2023.
Precisamente, también este martes, el contralor General (e), Carlos Mario Zuluaga, convocó a la Cancillería y a Thomas Greg & Sons a un encuentro, buscando propiciar un acuerdo y evitar una demanda millonaria en la que la nación puede perder miles de millones de pesos.