Reforma en esta materia incentivaría inscripción de militancia en colectividades

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Uno de los ajustes que presenta el proyecto de reforma política electoral que se discute en el Congreso tiene que ver con el otorgamiento de la personería jurídica que ahora, para el caso de los movimientos, no dependerá de cumplir el umbral del 3% sino de contar con un número de afiliados del 0,5% del censo electoral nacional, es decir, cerca de 175.000 personas. No obstante en el caso de la Unión Patriótica pide blindar estos registros en general para evitar que se presten para hacer persecución política, teniendo en cuenta que contendrían información personal, como sitio del domicilio.

En ese sentido el secretario general del partido Unión Patriótica, Gabriel Becerra, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “una cosa es recoger firmas como lo hacen los movimientos ciudadanos, ahora otra cosa es afiliarse. Cuando un ciudadano se afilia a un partido tiene que dar el teléfono, la dirección, y en un país con una tradición de exclusión política, no nos deja de generar temor quién va a controlar el registro de los afiliados”.

El directivo aclaró “que no nos oponemos a que se organicen los partidos, a que haya afiliados como quedó en el acuerdo de paz, pero no queremos que esos registros de afiliados se presten para la persecución política. Por lo tanto, lo que queremos es que en la ley reglamentaria el tema de los registros de afiliados quede blindado democráticamente”.

Becerra indicó que el uso perverso del registro de afiliados podría prestarse para que desde el partido que gane las elecciones se excluya de la administración pública y de los cargos, e incluso se persiga, a las personas que aparecen en registros de colectividades que le hagan oposición.

Añadió que “tenemos sinceramente temores con eso, aunque sabemos que en la Reforma Política eso” se empezará a aplicar a partir del 2019.

Dijo Becerra que “lo que nos interesa es que no se vaya en contravía del espíritu de la apertura democrática. Ya en la práctica podemos ir mirando qué es lo mejor o qué es lo peor”.

En ese sentido dijo que si se permite un umbral alto (3%) pero no se permite coaliciones para corporaciones públicas, “pues de todas maneras se está excluyendo. Si permiten coaliciones y dejan las listas cerradas, sería muy difícil hacer coaliciones con listas cerradas porque nadie va a ceder el puesto”.

Puso de relieve que desde la Unión Patriótica comparten que “haya un proceso de transición, que en el 2018 no se aplique  las listas cerradas sino en el 2022, y habría un tiempo para que los movimientos afines ideológica y políticamente se reagrupen”.

Añadió que si acabó una guerra de 53 años, “y parte de los motivos de la guerra era la exclusión política, tiene que abrirse un proceso de transición para que haya una especie de reagrupamiento de las fuerzas políticas y se decanten un poco los partidos, y de esta manera el sistema de partidos pueda ser más organizado. Por lo tanto, no queremos que las reglas sean totalmente rígidas y debe haber unas reglas de transición”. 

La reforma

El proyecto de acto legislativo de reforma política y electoral fue presentado por el Gobierno Santos al Congreso como parte de la implementación normativa de los acuerdos de paz.

En materia de personería jurídica el texto aprobado en primer debate por parte de la Comisión Primera de la Cámara indica que se reconocerá como movimiento político a aquellas organizaciones que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0,3% del censo electoral nacional. A partir del 1º de enero de 2019, dicha base mínima de afiliados para el reconocimiento de la personería jurídica, aumentará en un 0,05% del censo electoral de manera anual hasta alcanzar un tope máximo del 0,5% del censo electoral nacional”.