La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que, si no se toman las medidas oportunas, en los próximos 5 años, más de 22 millones de personas resultarían afectadas con la crisis ambiental ocasionada por el agotamiento de la vida útil de rellenos sanitarios. De estas, 14.085.079 viven en 13 ciudades capitales: Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pereira, Providencia, San José del Guaviare, Sincelejo, Yopal, Quibdó, Riohacha y Bucaramanga.
Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2021, se gestionaron 14 millones de toneladas de residuos a nivel nacional, de las cuales 12 millones se llevaron a sitios de disposición final y 2 millones se aprovecharon. En las ciudades capitales se gestionaron aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos sólidos. Bogotá registró 2 millones de toneladas en 2021, seguido de Medellín y Cali.
“En 10 años, el 70% de los rellenos sanitarios del país podrían tener su vida útil vencida, generando una crisis en la gestión de más de 8 millones de toneladas de residuos al año. Por eso, es crucial para el país el trámite del proyecto de ley: “Por medio del cual se establece el marco de la gestión integral de residuos sólidos, se promueve la producción y consumo sostenible y se impulsa la economía circular”, que se estructuró a partir del foro de Asocapitales. “Los residuos sólidos no son basura”, realizado en Bucaramanga en 2022”, explicó Luz María Zapata, directora de Asocapitales, a EL NUEVO SIGLO.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
La iniciativa, impulsada por la Asocapitales, incluye medidas a nivel nacional, regional y municipal para reducir la generación, promover la reutilización, fomentar el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos con metas a 2026, 2030 y 2040.
Asimismo, la migración de los rellenos sanitarios a “Parques Integrales de Valorización de Residuos”, en los cuales se promueva la innovación en la gestión de residuos, la reducción del impacto social y ambiental y el mejoramiento del entorno.
Además, se buscará la reducción de la disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios. Se establece un camino para limitar la disposición de residuos orgánicos, que representan más del 60% de los residuos que se llevan a rellenos sanitarios, y promover su valorización. A 2030 solo se podrá disponer en rellenos sanitarios máximo hasta el 80% del total de los residuos orgánicos que se recojan y transporten dentro del servicio público de aseo.
Por otra parte, se propone el programa nacional para el cierre de botaderos a cielo abierto. Al año 2026 el país deberá eliminar el 50% los botaderos a cielo abierto y a 2030 el 100%. En Colombia 78 municipios, que presentan el 3% del total de residuos, hacen la disposición inadecuada, afectando a un millón y medio de habitantes (incluidos los más de 33.000 habitantes de Mitú, la única ciudad capital que tiene un botadero a cielo abierto).
De igual manera, Asocapitales pretende incentivar la creación de acciones para impulsar el aprovechamiento de las diferentes corrientes de residuos como plásticos, vidrio, papel, entre otros, con el fin de que para el 2030 se pueda aprovechar el 80% de los residuos priorizados.
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El proyecto de ley, además, busca implementar medidas para fortalecer a las organizaciones de recicladores de oficio como actores fundamentales del aprovechamiento.
Finalmente, tiene por objetivo la creación del Consejo Nacional de la Gestión de Residuos Sólidos, conformado por ministerios y entidades territoriales en el que se establezca un Plan Nacional de la Gestión de Residuos Sólidos hacia la Economía Circular (PNGIRS), así como el Sistema de Información Nacional, con el Ministerio de Vivienda como entidad rectora de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos.
Aunque no se tiene fecha aún en el Congreso, puesto que falta rendir ponencia para primer debate, EL NUEVO SIGLO conoció que en septiembre la Comisión V del Senado podría ponerlo en agenda.
¿Qué justifica este proyecto de Ley?
Asocapitales explicó a EL NUEVO SIGLO que los fundamentos de la iniciativa corresponden inicialmente al incremento en la generación de residuos a nivel urbano, a la baja tasa de aprovechamiento y reciclaje, el tratamiento y valorización de residuos es incipiente, rellenos sanitarios en crisis, persisten los botaderos a cielo abierto, y deficiente planeación y gobernanza de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS).
“Los instrumentos de planeación de la gestión integral de residuos sólidos no han generado el impacto esperado y no existe una adecuada articulación con los POT y los Planes de Desarrollo Territorial. Se requiere un rediseño institucional para la gobernanza de la GIRS, con actores, responsabilidades, instancias de coordinación, seguimiento y evaluación que garanticen el cumplimiento de metas”, enfatizaron.