Apenas en un 7% se cumplió la ambiciosa agenda que convino el primer gobierno Santos con los indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Por esta razón en la discusión del mismo proyecto para el periodo 2014-2018, estos pueblos han exigido acuerdos específicos para la asignación de recursos.
Así lo explicó el senador indígena, Luis Evelis Andrade Casama (Movimiento MAIS).
EL NUEVO SIGLO: ¿Se mantienen los indígenas en no avanzar en la consulta previa de proyectos clave para el Gobierno como el Código Minero y reforma a las CAR, hasta no ver cómo les irá en el Plan de Desarrollo que se empieza a discutir?
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA: Los indígenas primero han hecho una concertación respecto de un cupo indicativo entre 8 y 11 billones de pesos para el Plan de Desarrollo que se está discutiendo. Han definido unas matrices que permitan priorizar la inversión en los territorios de acuerdo a los temas y a los ejes definidos por el mismo Gobierno, y los indígenas pues han hecho una priorización para ello.
Ahí encontramos una serie de dificultades que algunas entidades dicen que no pueden comprometerse totalmente, pero creo que en términos generales lo que se demuestra es que cuando hay algo de voluntad política se puede avanzar.
Los temas que me está preguntando son muy álgidos porque comprometen: primero, visión de desarrollo; dos, comprometen afectación al territorio; comprometen temas que a veces no se quieren discutir cuando se habla de consulta, de minería como son los beneficios, y cuando se discuten temas como el de las CAR, no se quiere reconocer por parte de las instituciones el carácter de autoridad ambiental de los pueblos indígenas y todo su acervo de conocimiento y cultural sobre el manejo del medio ambiente, que debe ser reconocido.
Como esos no se han consultado, pues entendemos que en el Plan de Desarrollo la idea es avanzar en la reforma a las CAR, un propósito del Gobierno hacerlo, también lo del Código Minero en tanto está la base de una de las locomotoras para el desarrollo y la materialización del Plan.
Pero como esos no se han consultado, los indígenas lo que dicen es que en tanto no haya acuerdos fundamentales se distancian las visiones, va a ser necesario tratarlos aparte en un proceso totalmente diferente que implique consulta y mesa de concertación.
Y también se ha dejado ver por parte del movimiento indígena la posibilidad de movilizarse para exigir sus derechos en lo referido a estos tres temas. Eso es lo que muchas veces se nota de las intervenciones y del posicionamiento de los líderes del movimiento indígena colombiano.
ENS: ¿Esos $11 billones que se han concertado en el Plan de Desarrollo se puede considerar un logro comparado con el Plan 2010-2014?
LEAC:Primero hay que decir quelos indígenas han cualificado su capacidad de discusión, de proposición tanto en lo técnico como en la discusión política y en la negociación misma. Lo que hemos observado es que siempre ha habido una posición de muchos de los ministerios y sus técnicos de encontrar impedimentos para llevar a cabo los acuerdos ya pactados.
Sin embargo, los indígenas tienen la sensación de que falta mayor voluntad política por parte de algunas instituciones para materializar los acuerdos y que se reflejen claramente en el presupuesto plurianual, que se reflejen claramente en la ejecución.
Es eso lo que se ha venido discutiendo y quieren que se precise, algunas instituciones dicen que van a seguir conversando para ver cómo se materializa.
Los indígenas lo que quieren es que no se quede solo en acuerdos que luego si no queda establecido con claridad de dónde van a salir los recursos, cómo se van a ejecutar y cuándo se van a ejecutar, pues dicen que si eso queda así nos va a ocurrir como con el anterior Plan de Desarrollo, muy bueno, que tuvo 96 acuerdos, una cosa histórica en la relación entre Estado y pueblos indígenas de Colombia, pero que al final solo se cumplió según la perspectiva de los indígenas en un 7%, según la Contraloría en un 14%.
Es por eso que los indígenas han tenido que discutir la matriz y los acuerdos específicos para la asignación de recursos y lograr que haya un compromiso expreso por parte de las instituciones.