Un total de 820 personas privadas de la libertad fueron cobijadas con la detención domiciliaria transitoria producto del Decreto Legislativo 546 de abril pasado, que expidió el Gobierno para la población en mayor riesgo de ser afectada por el covid-19.

Así lo reveló este lunes el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ante la Comisión Primera de la Cámara, a donde fue citado para que informara sobre las medidas que se han tomado frente a las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento ‘Pandemia y Derechos Humanos en las Américas’. 

Ruiz Orejuela indicó que al “27 de noviembre de 2020 se ha concedido la domiciliaria transitoria exactamente a 820 personas privadas de la libertad. Están pendientes por salir 13”.

En la respuesta que previamente envió el Ministerio de Justicia a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reportaron 934 beneficiarios, pero a la fecha esa cifra disminuyó teniendo en cuenta que los privados de la libertad ya cumplieron el término de los seis meses estipulados en la normativa y han retornado a los establecimientos de reclusión, explicó el ministro.

En medio de la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional para enfrentar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, expidió dicha normativa buscando reducir en algo el hacinamiento superior al 50% que hay en las cárceles y penitenciarías de la mayoría del país, y el peligro que ello conlleva al momento en que el patógeno ingrese a los establecimientos.

En ese sentido se buscó que la población en mayor medida  vulnerable frente al covid-19 tuviera el beneficio de la detención domiciliaria transitoria, como se tuvo en cuenta a mayores de 60 años de edad; madres gestantes; quienes padecen cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, entre otras enfermedades; así como personas con movilidad reducida, entre otros.

Sin embargo, la medida no cumplió el objetivo trazado en materia del número de personas beneficiadas, ateniéndose a las cifras reveladas por el ministro Ruiz Orejuela, pues su antecesora en el cargo, Margarita Cabello, dijo en abril pasado que cerca de 4 mil reclusos, de los 122 mil que hay en el país, serían excarcelados.

El ministro Ruiz explicó que los jueces son los que determinan si las personas que se postularon a este beneficio cumplen o no los requisitos que estableció el Decreto 546. “Nosotros no nos podemos meter en la autonomía de los jueces porque ellos van a sopesar, van a  medir desde el derecho subrogado, penal, la condición especial por el problema de salud para ver si finalmente hay lugar o no hay lugar para darle la domiciliaria”.

Otras medidas

El Ministro de Justicia y del Derecho aseguró que Colombia adoptó en materia carcelaria la mayoría de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de prevenir la trasmisión del virus y la atención de los internos que han sido afectados.

Dijo que, ante la necesidad de adecuar los espacios de los establecimientos destinados a centros transitorios de detención, bien sean ampliándolos o modificando la infraestructura, se identificaron e intervinieron los “factores que retardan o impiden la aplicación de un procedimiento expedito para tal fin, y hacer que los trámites relacionados con licencias y permisos” se agilizaran los trámites.

En cuanto a la recomendación 47 que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se refiere a adecuar las condiciones de las personas privadas de la libertad en lo que respecta a la alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del covid-19, se realizaron acciones de preparación; prevención, con medidas de desinfección de establecimientos; y gestión, señaló el ministro.

En esto último, explicó el funcionario, del manejo de los sospechosos de contagio o confirmados, “para esos efectos se realiza seguimiento y control” a los posibles casos asintomáticos, “número de casos confirmados, número de internos contagiados hospitalizados y también el número de contagiados que han fallecido”.

Igualmente destacó que para prevenir la transmisión del virus se suspendieron las visitas de personal externo a los centros carcelarios así como se elaboraron protocolos de higiene que contemplan pausas para el lavado de manos e instrucciones sobre el correcto uso de los elementos de protección personal.