La policía antimotines retomó ayer el puesto militar de Cerro Berlín, cerca de Toribío, Cauca, que indígenas habían ocupado hace una semana en demanda de la salida de sus territorios tanto de la fuerza pública como de la guerrilla.

“Retomamos el control. Se presentó resistencia. Hubo escaramuzas, pero entre los policías no hay heridos”, informó el coronel Ricardo Alarcón, comandante de la policía del Cauca.

De lado de los indígenas hubo “entre cuatro o cinco heridos, un detenido y una persona que se encuentra desaparecida”, indicó Carlos Andrés Alfonso, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Cerca de 500 indígenas Nasa (paeces) trataban de permanecer en los alrededores de la base, pero "con la cantidad de gases lacrimógenos que hay, la comunidad ha tenido que salirse", refirió Alfonso.

"Nos sacaron de nuestro propio territorio", lamentó el vocero indígena.

El paso hacia el cerro El Berlín, donde los militares custodian antenas de comunicaciones, era muy difícil ayer debido a los gases, aunque el acceso era posible y grupos de indígenas intentaban volver al lugar.

En tanto, un indígena de 22 años de edad murió en un retén militar en Caldono, aparentemente por un error de un soldado, indicó el consejero Albeiro Calambas. Esa muerte fue confirmada también por el Ejército.

 

Condiciones

 

Al reiterar que el Gobierno Nacional está abierto al diálogo con las comunidades indígenas del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos aseguró ayer en Popayán que la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano no se negocia.

“Quiero reiterar que nosotros no podemos ceder un solo milímetro, nosotros no podemos ceder un centímetro de nuestro territorio. La presencia de la Fuerza Pública no es negociable en ninguna parte del territorio, y que cualquier diálogo no puede depender que ese tema esté sobre la mesa, porque ese tema no es negociable”, aseguró el Mandatario.

El Presidente también anunció la creación del Comando Conjunto del Suroccidente, que estará bajo el mando del general Leonardo Barrero.

“Vamos a continuar con la estrategia militar que se ha iniciado con mucho éxito, pero que todavía falta mucho por adelantar”, agregó Santos.

Dijo que general Barrero trabajará en estrecha coordinación con el delegado presidencial que estará al tanto de los proyectos de inversión social e infraestructura que el Gobierno Nacional desarrollará en el departamento del Cauca.

 

Farc

 

Santos reveló un correo electrónico de las Farc en el que se imparten instrucciones para promover que la población del norte del Cauca exija el retiro de la Fuerza Pública.

“Repartir propaganda en los municipios del norte del Cauca para que la población le exija a la Fuerza Pública el retiro de las áreas pobladas”, dice el aparte del correo electrónico leído por el presidente Santos, el cual fue hallado en un computador perteneciente a Édgar López, alias Pacho Chino.

“Esas son las instrucciones de alias Pacho Chino, que es el cabecilla del comando conjunto de occidente para difundir propaganda en el Cauca exigiendo la salida de nuestra Fuerza Pública”, señaló.

“Yo creo que esto habla por sí solo”, subrayó el presidente Santos luego de leer el correo electrónico; agregó que “sin acusar –ni mucho menos- a los indígenas de estar confabulados con las Farc, pero sí hay elementos donde conocemos que hay vínculos directos”.

En esos casos específicos, dijo el Mandatario, “se van a judicializar una serie de miembros de los grupos de apoyo de la guerrilla, dentro de los cuales hay miembros de las comunidades indígenas”.

 

Interlocutores

 

En sus declaraciones, Alfonso cuestionó que aún no haya un diálogo con el Gobierno. "¿Con quién se va a reunir el Presidente, con él mismo? Necesitamos que se reúna con nosotros", dijo.

Cientos de indígenas habían sacado el martes a los militares que se encontraban en la cima del cerro El Berlín, luego de haber destruido sus trincheras y tiendas de campaña, e incluso arrastrar a algunos de ellos.

Los militares respondieron con disparos al aire y gases, pero finalmente bajaron de la cima del cerro hasta un punto ubicado a dos kilómetros de la base.

Desde hace una semana, las autoridades indígenas del Cauca exigen la salida de sus territorios tanto de la fuerza pública como de las Farc y reclaman que la seguridad quede a cargo de la guardia indígena.

Los indígenas sostienen que los militares y policías no han sido capaces de brindarles seguridad y aseveran que Toribío, con unos 26.000 habitantes, ha sufrido en los últimos años más de una docena de ataques de las Farc que han dejado 41 muertos y unos 600 heridos.

 

Liberan 30 soldados

 

El consejero mayor del CRIC, James Terracué, insistió en que en las próximas horas serán entregados a los mandos militares los siete uniformados que permanecen en poder de la Guardia desde la madrugada de ayer.

Los soldados fueron obligados a marchar custodiados por los indígenas desde el lugar donde murió la persona hasta la plaza principal del municipio de Caldono.

Los líderes indígenas esperan judicializar bajo su jurisdicción a los militares que presuntamente participaron en el asesinato de un indígena Nasa en Caloto, Cauca.

 

 

Diálogo

 

El gobernador Temístocles Ortega afirmó que la negociación con las comunidades indígenas de la región avanza a buen ritmo a instancias de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno Nacional que se encuentra en el municipio de Santander de Quilichao.

Al término del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la República en Popayán, junto a los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el mandatario departamental aseguró que en la mesa de diálogo, que ya fue instalada, “será posible abordar temas como el desarrollo y la seguridad” y “seguir  construyendo a los caucanos mejores escenarios de paz y de vida digna”.

El gobernador del Cauca resaltó el “compromiso del presidente Juan Manuel Santos con los temas que preocupan a la comunidad caucana y que él ha abordado". "Esperamos que estos temas se vayan concretando para poder estabilizar el departamento”.

A través de un comunicado, los voceros del sistema de Naciones Unidas en Colombia rechazaron “las agresiones que se han presentado en las últimas horas en el Cauca, tanto por parte de la Fuerza Pública, a cuyos miembros se les pide paciencia y protección de los civiles; cómo de los indígenas quienes deben reclamar sus derechos de forma pacífica”.

ONU declaró que “trabajamos en Colombia para apoyar los esfuerzos de paz y el respeto de los derechos humanos” y que están “trabajando tanto con los indígenas como con representantes del Gobierno para facilitar diálogos en esta región del país”.

Por su parte, la presidenta del Polo Democrático, Clara López,

Le envió una carta  a Santos manifestándole que “inamovibles de forma no pueden ser óbice para sentarse a dialogar”.

López exhortó a Santos a “rescatar el valor del diálogo” con miras a posibilitar puntos de convergencia con las comunidades indígenas del Cauca para superar la difícil situación de orden público.

 

 

 

Hay 6.000 desplazados

 

De acuerdo con Todd Howland, el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "el último reporte que les llegó habla de que hay 6.000 desplazados en el Cauca por los recientes enfrentamientos, más de 20 heridos y un muerto en un caso que investigan las autoridades".

 

 

Farc

 

La guardia indígena detuvo a cuatro milicianos de las Farc, entre ellos un menor de edad, en la vereda El Berlín, ubicada en zona rural de Toribío, la misma zona donde la víspera fueron desalojados los militares que custodiaban una torre de comunicaciones.

Los detenidos, a quienes les decomisaron tatucos y explosivos, fueron trasladados a la sede indígena Cecidic, en el resguardo de San Francisco.

 

 

Baltazar Garzón

 

Varias organizaciones de militares en retiro le pidieron a la Fiscalía que investigue la presencia de extranjeros en las zonas donde se ha dado la crisis de orden público en el Cauca.

En particular se refirieron al ex juez español Baltasar Garzón, quien con un hijo suyo e integrantes de organizaciones no gubernamentales internacionales “desde hace mucho tiempo, al igual que los grupos subversivos existentes en el área, vienen incitando a los aborígenes a desafiar el ordenamiento jurídico vigente”, según dijeron.

A través de un comunicado advirtieron sobre “la presencia no autorizada y la injerencia indebida de ciudadanos extranjeros en asuntos internos del país, actuando como activistas o agitadores dentro de estas comunidades indígenas”.