La Policía a través de la DIJIN desarticuló una organización dedicada a la estafa en diferentes modalidades, la cual afectaba principalmente personas de escasos recursos económicos, logrando la captura de 15 personas en las ciudades de Bogotá, Valledupar, Cúcuta, Villavicencio y los municipios de San Juan de Arana, Granada, Puerto Gaitán y San Martín (Meta).

En coordinación con la Fiscalía Primera Coordinación URI de Cundinamarca, unidades adscritas al Grupo de Alianzas Operacionales Estratégicas 3 dejaron al descubierto la modalidad delictiva de los capturados quienes serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, estafa en menor y mayor cuantía, falsedad personal, suplantación de funcionarios públicos, suplantación personal, falsificación de documento privado y falsificación de documento público.

Esta organización delincuencial estaba liderada por una mujer que se hacía pasar como funcionaria del Congreso de la República comprometiéndose, con la ayuda de algunos congresistas, a obtener contratos con entidades del Estado y la asignación de terrenos y fincas, la construcción de viviendas de interés social y la posibilidad de comprar muebles e inmuebles en poder del Estado.

Una vez que esta estructura criminal ubicaba a sus posibles víctimas, falsifican documentos públicos y privados, se hacían pasar como funcionarios del Gobierno o de fundaciones, instalaban oficinas y presentaban proyectos de construcción de viviendas o de la parcelación de terrenos para que habitarlos y cultivarlos, a cambio de diferentes cantidades de dinero (desde dos millones de pesos) que eran consignados en cuentas bancarias pertenecientes a los integrantes de esta organización delincuencial; una vez recibidas las consignaciones desaparecían las fachadas creadas sin no dejan rastro alguno. 

La cabecilla de la organización incorporó a integrantes de su núcleo familiar y amigos al negocio ilícito, algunos de ellos con antecedentes penales por homicidio y estafa a entidades bancarias.

De acuerdo con la investigación se estableció que durante los dos últimos años fueron recaudados ilícitamente más de $1.265.000.000, como resultado de su actividad en diferentes ciudades y departamentos del país.

Actualmente existen más de 400 familias y personas afectadas por esta modalidad en los departamentos del Cesar, Norte de Santander, Cundinamarca, Meta y Casanare, quienes ya interpusieron las denuncias.