Una nueva controversia se presentó ente el Gobierno nacional y las Farc a raíz de la advertencia que hizo el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien previno que las personas que se reúnan con los negociadores delegados de esta guerrilla en Cuba se exponen a investigaciones si no están autorizados por el Ejecutivo.

Hay civiles e integrantes de organizaciones que no conoce el Gobierno que no están autorizados para ir a La Habana a reunirse con las Farc, advirtió el miércoles pasado el Alto Comisionado para la Paz.

Dichas personas “se exponen a ser objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales competentes”, dijo Jaramillo en un comunicado.

Añadió en el mismo que “excepto los periodistas, que no necesitan autorización del Gobierno de Colombia, todas las personas que vayan a hablar con las Farc deben ir autorizadas por el Gobierno”.

En la última semana a La Habana han viajado representantes de organizaciones sociales, víctimas, asesores jurídicos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

Según el comunicado, “la presencia de los delegados de las Farc-EP autorizados por el Gobierno nacional en La Habana tiene como única justificación el desarrollo de la Mesa de Conversaciones y del proceso de paz, con el objetivo de llegar al fin del conflicto”. Indica además que “los delegados de las Farc-EP, si bien tienen sus órdenes de captura suspendidas, aún se encuentran en la ilegalidad”, de manera que “la autorización del Gobierno nacional es la única garantía de que las personas que se reúnan con delegados de las Farc-EP lo hacen en el marco de la Mesa de Conversaciones, y no con otros fines”.

Voceros de la entidad precisaron que la alerta no incluye a dirigentes políticos que como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o la presidenta del Polo Democrático, Clara López, recibieron autorización del Gobierno para sostener encuentros con los delegados de la guerrilla en las negociaciones que adelantan las Farc con voceros del Ejecutivo en La Habana.

Sin embargo, la advertencia de la Oficina del Alto Comisionado de Paz no cayó nada bien en las Farc, que produjeron un comunicado de protesta. Así mismo, Félix Antonio Muñoz Lascarro,  alias ‘Pastor Alape’, integrante del equipo negociador de esta guerrilla en Cuba, manifestó en Twitter que “la paz es un derecho y requiere apoyo popular. Avances del proceso no admiten amenazas a quienes desean respaldarlo”.

En tanto que en el citado escrito las Farc indican que “la búsqueda de la paz no puede ser criminalizada”. Añaden que “el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del 10 de febrero, en el que se amenaza con investigaciones por parte de las autoridades judiciales competentes a quienes se reúnan con la delegación de las Farc-EP sin autorización del Gobierno nacional, aduciendo además, que si bien tenemos ‘órdenes de capturas suspendidas’ aún estamos en la ilegalidad, no ayuda a generar un ambiente propicio para el avance del proceso”.

Dicen las Farc también que “mucho más, si tomamos en cuenta que existe un pronunciamiento públicamente conocido del Fiscal General, que expresa que no incurre en ningún delito quien acuda a La Habana a coadyuvar en el propósito de la paz”.