El proyecto denominado Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico, también conocido como de utilización de baldíos en la Altillanura, continúa generando diversas reacciones y polémica.

La iniciativa fue radicada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, para quienes no se trata del proyecto de baldíos que ya se había hundido en el Congreso.

De acuerdo con lo señalado por Vélez, este proyecto fue diseñado bajo dos preceptos: el primero, el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a otros servicios públicos rurales con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, y el segundo, en el entendido que existen zonas en donde la productividad implica mayores esfuerzos, tanto económicos como de asociatividad.

Para del desarrollo de estos proyectos en las zonas ZIDRES se constituirán alianzas productivas, las cuales propenden por vincular a pequeños productores organizados y al sector privado, con el fin de desarrollar proyectos a mediano y largo plazo; sin que los campesinos tengan que renunciar a la propiedad de la tierra.

“Estas alianzas también se podrán desarrollar en terrenos baldíos de la Nación sin que el  estado renuncie a su propiedad, ajustado al cumplimiento de indicadores sociales y económicos”, indicó Vélez.

Vélez sostuvo que con el proyecto no se está hablando de legalizar o acumular baldíos, sino que se “habla de productividad”.

“Estamos hablando de cómo juntar las grandes extensiones que tiene el Gobierno, campesinos y empresarios para que esos proyectos productivos sean una realidad”, indicó.

“Quiero dejar claro: esto no es una legalización, aquí no vamos a titularle tierras a los empresarios. Aquí a los únicos, y lo dice el proyecto de ley, que vamos a titular es a los campesinos, quienes aportando su trabajo en esa alianza al segundo año les vamos a empezar a adjudicar tierras para que tengan un mayor compromiso”, señaló Vélez.

“Colombia no tiene un censo exacto de tierras pero entre lo que se estaba acumulando que eran 2,5 millones de hectáreas y lo que hemos detectado entre tierras improductivas de privados y terrenos del estado podrían sumar 4 millones de hectáreas que esperamos puedan ser productivas regulando y vigilando la participación de los privados y extranjeros en conjunto con los campesinos que no van a perder la posesión de la tierra”, añadió.

Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, expresó su rechazo al proyecto y a las expresiones del  Ministro del Interior, quien afirmó que estas tierras se podrían convertir en “laboratorios de paz y desarrollo social”.

“Es inaceptable que el gobierno siga utilizando el discurso de la paz para profundizar un modelo extractivista y excluyente”, señaló el congresista Castilla.

“El proyecto crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), en las cuales el Incoder podrá entregar en concesión predios baldíos a empresas agrícolas, forestales o ganaderas. Adicionalmente, en estas zonas los “gestores” de proyectos asociativos podrán adquirir predios inicialmente adjudicados como baldíos sin la restricción de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). En estos casos, se garantizaría que apenas el 15% del área en que se desarrollen estos proyectos pertenezca a campesinos”, agregó Castilla.

Agregó que “este es un nuevo mecanismo para lograr un propósito en el que el gobierno ha insistido durante años: acabar con la UAF para permitir el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales en regiones como la Altillanura, esta vez bajo la figura de “proyectos asociativos”, en los cuales el campesinado participa de manera desigual, pues tiende a subordinarse a los megaempresarios nacionales y extranjeros, y al sector financiero, explicó el senador del Polo Democrático. De esta forma, se estaría agravando el problema de la concentración de la tierra, aunque no se dé el traslado de la propiedad”.