“Que investigue quien tenga que investigar. Las cosas han sido claras y, sencillamente, quien no tenga contrato lastimosamente no podrá estar en las oficinas de la Alcaldía. Esa es la directriz que hemos impartido y además la ley así nos lo exige”, expresó el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, ante la petición de investigación que fue solicitada por el concejal David Múnera, del Polo Democrático, por el cierre del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) que, según el cabildante, arrastraría un déficit del 40 por ciento.

De acuerdo con Vélez, está actuando conforme a la Ley, por lo que “las investigaciones pertinentes las harán los medios pertinentes, pero está claro que el personal que no tenga contrato no estará en las oficinas”.

El viernes, en la puerta del IPCC se puso un letrero según el cual se cerraba y se abriría mañana. Su directora Nacira Ayos aclaró que sí se ha estado atendiendo al público, pero que “lo que queda en stand by son los contratos que se ejecutaron hasta diciembre y que se les dará continuidad ahora que se reinicien la contratación del periodo 2014”.

El concejal Múnera le solicitó a la Procuraduría Provincial de Cartagena que investigue a Vélez, “porque considero que el cierre del IPCC, que el viernes no prestó servicio al público, riñe con las obligaciones que están establecidas en el Código Disciplinario Único para los servidores públicos. No se puede permitir que una entidad pública se cierre porque eso va en contravía de los fines del Estado”.

Al incidente actual, se suman otras situaciones de aparente incomunicación entre Vélez y Ayos, como una carta que envió la funcionaria al Concejo de Cartagena quejándose por su exiguo presupuesto, lo que el burgomaestre consideró inoportuno, pues debió plantearle el problema a la Secretaría de Hacienda y no al cuerpo colegiado.

Para Múnera también por eso debe ser investigado Vélez, “teniendo en cuenta que hay una manifestación de la directora del IPCC de que no hay presupuesto para los gastos de personas”.