El Senado aprobó la prórroga por cuatro años más de la Ley 418. La polémica se presentó porque al extender al campo disciplinario la inmunidad penal que existió en la ley desde su primera aprobación, en 1999, para las personas que participen en diálogos o acuerdos de paz por parte del Gobierno con grupos armados ilegales, el inciso quedó redactado con nombre propio: para beneficiar al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Para el senador Alexánder López, del Polo Democrático, el proceso de Restrepo trasciende “la negociación política del conflicto” y “lo vinculan con conductas y hechos ilícitos al margen de sus funciones”.