Por posibles irregularidades de carácter contractual, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Rosa María Navarro Ordóñez y Myriam de la Espriella Escrucería, en sus condiciones de secretaria general y directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respetivamente en el 2010.  

De acuerdo con la investigación, la señora Navarro Ordóñez suscribió de manera directa un convenio de cooperación y aporte con la Federación Nacional de Cafeteros, para lo cual habría acudido al esquema de contratación contemplado en el artículo 355 de la Constitución Política que autoriza la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de impulsar programas y actividades que beneficien directamente a la comunidad general, lo cual no aplicaría en este caso.

Al respecto el pliego de cargos señala que el objeto de este contrato era la realización de obras sobre inmuebles de propiedad del ICBF, trabajos que representan una contraprestación directa para el instituto, razón por la cual no era posible acudir al esquema contractual excepcional que se empleó.

A juicio del Ministerio Público, “(…) la administración eludió los procedimientos contractuales de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva del contratista, al contratar directamente la realización de una obra cuyo contrato debió estar precedido del proceso licitatorio que en derecho correspondía”. 

En segundo término, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra la señora Myriam de la Espriella pues, al parecer, con la aprobación del estudio previo del contrato viabilizó la celebración directa del citado convenio de cooperación y aporte. 

La conducta de cada una de las investigadas fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.