Por hechos relacionados con el denominado ‘carrusel de la contratación’ en el Distrito Capital, en los que estaría involucrado el señor Ronaldo Andrés Camacho Casado, en su calidad de concejal de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al cabildante elegido para los periodos 2008 al 2011 y 2012 al 2015.

El procedimiento verbal iniciará el miércoles 2 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, en la sala número 2 de la Torre C de la Procuraduría General de la Nación, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con lo expresado por el señor Camacho Casado en diligencia judicial realizada ante el Juzgado 34 Penal Municipal de Garantías, se habría validado de su condición para influir ante el señor Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá, en el nombramiento del señor Iván Hernández Daza como director de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el cual se surtió el 26 de marzo de 2009.

El investigado reconoció además que influyó sobre el señor Hernández Daza para que este nombrara las personas por él recomendaba para los cargos en dicha entidad, así como para favorecer a contratistas en las licitaciones públicas, como aquellas en las que estuvieron interesados los señores Emilio Tapia y Julio Gómez.

En consecuencia, el tráfico de influencias realizado por el señor Camacho Casado habría sido permanente en el tiempo en que permaneció el señor Iván Hernández al frente de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y el Mantenimiento Vial.

Estos hechos aceptados por el señor Camacho Casado ante las autoridades judiciales, se adecúan a lo contenido en el artículo 42 del Código Único Disciplinario, referido a las faltas gravísimas.

La segunda conducta endilgada al señor Camacho Casado, está relacionada con el delito de cohecho impropio en calidad de determinador, cargo aceptado por el investigado en la diligencia judicial ya mencionada. En este sentido se estableció en el auto de citación a audiencia que en abril de 2010 recibió de manos del señor Iván Hernández Daza la suma de 300 millones de pesos, entregados previamente por el representante legal de la firma Patria Conalvías, Javier Mejía Bernal, como contraprestación por haberle sido adjudicada la licitación 021 de 2010, haciéndose efectiva a través de un contrato suscrito el 8 de abril de 2010.        

Esta falta fue calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo.