La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra de José Francisco Zúñiga y Juan Pablo Díaz-Granados, exalcaldes de la ciudad de Santa Marta, por presuntos incumplimientos al momento de aplicar la ley de acoso laboral en el municipio.

La norma violada fue el artículo noveno de la ley 1010 de 2006, el cual prevé mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establece un procedimiento interno confidencial conciliatorio y efectivo para superarlas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Alcaldía de Santa Marta apenas reglamentó dicha instrucción el 16 de julio de 2009, es decir, más de tres años después sin justificación alguna.