Pliego de cargos a almacenes Jumbo | El Nuevo Siglo
Jueves, 19 de Junio de 2014

Por presuntamente importar y comercializar 38 referencias de alimentos cuyo rotulado se encuentra en idioma distinto del castellano (por ejemplo, inglés), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Cencosud de Colombia S.A. (Jumbo)

La decisión fue tomada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia, en la que explica que en algunos casos, no cuentan con ningún tipo de información sobre su tabla nutricional e instrucciones de  uso, consumo o conservación.

Con ello violan los artículos 23  y 24 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) que obligan a los proveedores a suministrar a los consumidores información veraz y suficiente sobre los productos que se ofrecen.

Y es que en abril de 2014, la SIC realizó visita administrativa de inspección en las instalaciones de Jumbo en Bogotá y Pereira (Risaralda), con el fin de verificar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor en lo referente a la información mínima de los alimentos que dicha sociedad importa y comercializa en Colombia.

En desarrollo de la visita administrativa de inspección se recolectaron muestras de distintos alimentos en varias presentaciones, con el fin de verificar que la información mínima que debe ser suministrada a los consumidores en el empaque (rótulos) de dichos alimentos, cumpliera con las exigencias del Estatuto del Consumidor.

En el examen realizado a los empaques de distintas referencias de alimentos (galletas, chocolates, dulces, gomas, entre otros), la SIC encontró que 38 productos incluyen la totalidad de la información sobre sus ingredientes en un idioma diferente del castellano (ejemplo, inglés). Adicionalmente, 9 de ellos, no contienen información sobre las instrucciones de uso, consumo y conservación; y 37 no incluyen información sobre sus ingredientes y/o tabla nutricional.

En caso de que el proceso termine declarando que existió violación del Estatuto del Consumidor la Superintendencia puede imponer, por cada infracción, sanciones de hasta 1.232 millones de pesos, equivalentes a 2 mil salarios mínimos legales mensuales, entre otras.